La delincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía y la percepción de inseguridad en la población ha aumentado de manera importante los últimos años -la última Enusc muestra que este indicador alcanzó 90,6% en 2022, casi 20 puntos porcentuales por sobre el nivel alcanzado en 2013-. Esta situación ha llevado a algunas autoridades locales a sugerir que se decrete estado de excepción, mientras otras proponen formar grupos civiles (compuestos por ex funcionarios de las FF.AA. y de fuerzas de seguridad) para ayudar al control de sus territorios.
Como resultado de todo esto vivimos atemorizados y, concordantemente, cambiamos nuestros patrones de conducta. Ya no resulta tan atractivo salir de noche ni usar cajero automático, y nos encerramos en nuestras casas con alarmas, cámaras de televisión, cercos con alambrados eléctricos y otras medidas de seguridad. Un estudio reciente de Clapes UC muestra que el costo pecuniario de la delincuencia alcanzó a un 2% del PIB en 2022, financiado primariamente por el sector privado. Esta estimación es una cota inferior del verdadero costo social, entre otros factores porque no incluye la pérdida de bienestar por el temor y el miedo. De hecho, otros estudios han estimado valores mayores para otros países y períodos -un estudio del BID de 2017, estima costos de 6,5%, 6,2%, 4,8%, 4% y 3,8% del PIB en 2014 para Honduras, El Salvador, Bahamas, Jamaica y Brasil, respectivamente.
Un efecto adicional de la delincuencia, el que vale la pena relevar y que no se profundiza en los cálculos anteriores, es su tremenda regresividad. Así, mientras los sectores más acomodados pueden blindar sus autos, comprar implementos de seguridad de última generación y tener guardias privados, los sectores menos privilegiados viven en los barrios periféricos donde hay mayor presencia de bandas delictivas, se lanzan fuegos artificiales para anunciar la llegada de droga y donde ocurren los narcofunerales, entre otros problemas. En el extremo, las personas más acomodadas podrán mandar a sus hijos a Miami, los sectores medios con alto capital humano podrán migrar a países más seguros -como ocurrió con muchos profesionales colombianos que llegaron a Chile hace algunos años-, mientras las personas con menor nivel educacional quedan condenadas a vivir con la delincuencia en sus barrios y colegios.
¿Qué hacer? Deben tomarse medidas urgentes de corto plazo para frenar esta pandemia cuyos efectos y costos de largo plazo para el país son enormes. Además, deben tomarse medidas con una mirada de largo plazo, que mejore las perspectivas laborales de los jóvenes que hoy son tentados por las bandas a iniciar una carrera criminal. Esto implica no solo mejorar significativamente la educación pública, sino reformar el mercado laboral para que podamos ofrecerles mejores perspectivas a los miles de jóvenes que quedan en el camino. No actuar rápido, consensuadamente y con medidas concretas, va a crear las condiciones para que algún candidato populista llegue al poder con ofertones de seguridad, aun a costa de sacrificar algunas libertades individuales, como ocurrió hace unos años en un país de la región.
Por Leonardo Hernández, Escuela de Administración UC y Clapes UC
