Columna de Leonardo Hernández: pensiones, solidaridad, empleo e informalidad

La reforma de pensiones del gobierno, cuyo texto final desconocemos, propone un aumento en la tasa de cotización de un 10 a un 16%. Este aumento es deseable porque un 10% es muy poco dado el incremento desde 1981 en la expectativa de vida post retiro –según la SP ésta ha aumentado en 8 y 10 años para los hombres y mujeres, respectivamente–. El problema es que este aumento de 6%, si no se destina a las cuentas de capitalización individual de los cotizantes, se convierte en un impuesto al trabajo, destruyendo puestos de trabajo o aumentando la informalidad laboral. Esto se produce independiente de si la cotización adicional es de cargo del empleador o del trabajador (la excepción ocurre cuando la oferta o demanda por trabajo son insensibles al costo de contratación, casos altamente improbables).

La informalidad laboral ocurre porque los agentes buscan formas de evitar pagar el impuesto –lo mismo pasa con aumentos en las tasas del IVA o del impuesto a la renta, que promueven la informalidad–. Cuánto del incremento en la tasa de cotización es un impuesto depende de cuánto de este vaya a las cuentas de capitalización individual, de cuánto valoran los trabajadores el contar con una pensión futura y de cuán solidarios sean –los trabajadores pueden valorar el que con su cotización se mejoren las pensiones de otros–.

¿En cuánto podría afectar al empleo y la informalidad laboral un alza en la tasa de cotización de 10 a 16%? Es difícil dar una respuesta precisa, pero sí se pueden dar órdenes de magnitud. En particular, si suponemos que los trabajadores no son solidarios, pero sí valoran contar con una pensión futura, entonces el impuesto es aquella parte del 6% adicional que no va a las cuentas de capitalización individual, o sea 6% si el incremento se destina por completo al fondo solidario. En este escenario el efecto sobre empleo e informalidad depende de la sensibilidad del empleo y el empleo formal frente a un aumento en el costo de contratación, lo que en jerga económica se conoce como elasticidad.

Un documento de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social de 2017 (Informe de Productividad, Mensaje Nº 118-365, 14 de agosto) estimó que el empleo asalariado privado cae en 0,47% por cada punto porcentual que se incrementa el costo salarial, mientras que el número de cotizantes del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) disminuye en 1,49% frente al mismo incremento. Con estos parámetros se puede estimar que un aumento de 6 puntos porcentuales en la tasa de cotización, si éste se destina por completo al fondo de solidaridad, podría, como máximo, destruir 150 mil puestos de trabajo asalariado en el sector privado y reducir el número de cotizantes del mismo grupo en 476 mil, aproximadamente (usando datos de empleo asalariado privado de agosto de 2022). Por diferencia se proyecta que pasarían a la informalidad aproximadamente 326 mil trabajadores. Si del incremento de 6 puntos porcentuales la mitad va al fondo solidario y la mitad a las cuentas de capitalización individual, los efectos anteriores se reducen a la mitad (75 mil puestos de trabajo menos y 163 mil informales más). Estos efectos pueden producirse en varios años si el incremento en la tasa de cotización es gradual y aminorarse si se toman medidas paliativas, pero deben ser tomados en cuenta al momento de legislar sobre la materia, especialmente cuando la economía está entrando en una fase de fuerte desaceleración/recesión.

* El autor es académico de la Escuela de Administración UC, Clapes UC.