Hace pocos días atrás, la prensa difundió una noticia sobre la formalización a un grupo de taxistas por estafas a turistas extranjeros en el Aeropuerto de Santiago. Los taxistas formalizados (que, por supuesto, son un grupo puntual y en ningún caso representan a la mayoría de quienes ejercen este oficio) habrían cobrado millones de pesos por un viaje, y más de 200 denuncias habrían sido recibidas. También se habló de una veintena de detenidos.
Estos casos de estafa no hacen más que confirmar solo una de las múltiples ventajas que presentan las Apps tipo Uber/Cabify sobre el sistema de taxis vigente en Chile, y que opera de la misma manera durante décadas. En particular, cuando nos subimos a un taxi básico, no sabemos el monto a pagar solo hasta el final del recorrido, mientras que en las Apps conocemos, con bastante precisión e incluso antes de solicitar el servicio, cuál es el monto del trayecto requerido.
Cuando las autoridades de transporte afirman que con la nueva Ley EAT y su respectivo reglamento se busca “nivelar la cancha” entre Apps y taxis básicos, la verdad es que ello no es así: el reglamento lo que hace en realidad es favorecer a los taxis básicos y perjudicar a las Apps.
En primer lugar, las Apps pagan impuesto, mientras que los taxis básicos no (operan por renta presunta). En segundo lugar, las Apps no pueden usar infraestructura exclusiva y sus vehículos son multados, lo que no ocurre con los taxis básicos. En tercer lugar, el reglamento exige a las Apps una cantidad gigantesca de información, lo que no es solicitado en ningún momento a los taxis básicos.
Es decir, ni el reglamento ni la Ley EAT tienen como objetivo “nivelar la cancha” como afirma el MTT, sino más bien buscan impedir que este tipo de innovador servicio opera con flexibilidad y ofrezca un nivel de servicio muy superior a varias de las actuales alternativas de transporte existentes en Chile, incluyendo buses, taxis e incluso el automóvil particular.
A lo anterior debemos sumar el reciente retiro -por parte del MTT- del Reglamento de la Ley Uber que se encontraba en Contraloría desde hace casi seis meses. Los motivos estarían relacionados principalmente con los conflictos que su contenido genera con otras legislaciones vigentes en nuestro país no solo a nivel de leyes, sino a nivel constitucional. Es de esperar que el resultado final redunde en una mejor calidad de servicio para las personas que puedan acceder de mejor forma a sus destinos, y no en una regulación que empeore la conectividad, aumente los costos de traslado y privilegie solo a algunos sectores en particular de la industria del transporte en nuestro país.
Por Louis de Grange C., decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP
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