Hace una semana asumió la presidencia de El Salvador, por segundo periodo, Nayib Bukele. A pesar de que la reelección está prohibida por la Constitución, obtuvo un apoyo popular contundente en las urnas, confirmando su liderazgo nacional e incluso regional. Múltiples son las encuestas que muestran que la marca “Bukele” es reconocida en América Latina como una que impacta sobre la delincuencia, disminuye las tasas de homicidios y limita efectivamente la extorsión que vivían de forma constante sus habitantes. En prácticamente todos los países encontramos candidatos que reconocen su vinculación con este modelo de acción, buscando incluso visitarlo, tomarse fotos en la megacárcel o duplicar la apuesta con iniciativas de política aún más duras, como la pena de muerte.
El modelo Bukele, exitoso por ahora en disminuir sustancialmente los homicidios, se basa en un estado de excepción constitucional (desde marzo 2020) que permite el encarcelamiento masivo de jóvenes bajo ningún criterio de flagrancia, sino más bien de denuncias incluso indirectas de posibles conexiones con las pandillas. Desde el inicio de ese proceso más de 78 mil jóvenes han sido detenidos y, según declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, se podría esperar 20 mil detenciones más para tratar de “acabar” con todos aquellos posiblemente vinculados con el crimen. La ocupación penitenciaria en el año 2023 tenía un hacinamiento de más de 300%, lo que viene de la mano de condiciones de alta precariedad, limitada capacidad de reinserción y violaciones de derechos fundamentales. Porque en democracia, los presos también tienen derechos.
Algunos otros elementos del modelo son menos conocidos, pero posiblemente más complejos. Así, hasta agosto de 2025 se ha permitido que la fiscalía agrupe a los detenidos por supuesta estructura criminal de pertenencia para la realización de juicios masivos. En algunos casos más de 700 jóvenes pasan por procesos rápidos donde la calidad de la justicia, la limitación de la defensa y el otorgamiento de castigos son dudosos. Además, se permite que luego de la acusación el tribunal tenga hasta 4,5 meses para la primera audiencia y cuatro meses más para la realización del juicio. La ley permite que las denuncias sean acreditadas sin necesidad de contraste, incluso cuando son indirectas y sin presencia de peritos. Así, jóvenes que incluso tuvieron contactos no voluntarios con las pandillas, es decir fueron víctimas de su violencia, pueden terminar presos por su “vinculación”. La justicia, pilar fundamental de la democracia, tiembla en su funcionamiento.
Pero el modelo Bukele no solo tiene estos componentes de seguridad. También incluye la invasión del Parlamento con miembros del Ejército para obligar la aprobación del préstamo, la destitución ilegal de magistrados de la sala constitucional, la reelección, la limitación casi total de acceso a información oficial sobre casi cualquier tema y la comunicación del gobierno básicamente por redes sociales. Múltiples dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas son perseguidos y están en el exilio. El modelo Bukele, entonces, tiene como pilar central el debilitamiento institucional, el fin de los contrapesos y la opacidad de información. Es decir, el modelo presenta un claro camino hacia la fractura democrática facilitada por el populismo autoritario, con un final cercano a la autocracia.
Ahora, con todos los elementos claros, ¿estamos seguros de que es un buen modelo a seguir?
Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
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