La droga es un mercado ilegal con múltiples y diversos actores. Las series que muestran grandes capos, organizaciones de larga data, estructuradas jerárquicamente y con serias vinculaciones transnacionales son en gran parte ficción. La realidad se compone de miles de bandas criminales con dominio territorial específico, diversificación criminal y vinculación esporádica y específica con otros actores. Las series sí están en lo correcto cuando muestran un claro incremento de la violencia armada, en muchos casos extrema.
Chile es un país de tránsito y consumo. Aquellos dedicados al primero buscan pasar desapercibidos y se vinculan con instituciones, empresas, funcionarios y ciudadanos que son parte del negocio. Naciones Unidas el 2020 nos identificó como el tercer puerto de envío de drogas a Europa. El segundo negocio vinculado al consumo interno pareciera estar en manos de bandas criminales con presencia y control territorial en múltiples barrios; en algunos el Estado está ausente, en otros es parte del problema. Estas bandas construyen su legitimidad/presencia con muestras de poder por el uso de armas y también el cobro de extorsión. Este no es un problema reciente.
El 2001 un programa de gobierno intervino 12 barrios “caracterizados por la acción y control de grupos de narcotraficantes y el crimen organizado, que vulneran la seguridad y convivencia de esas comunidades”. En 20 años, hemos tenido 10 programas similares, pero con un aumento de barrios involucrados los resultados son modestos. Derrotar el mercado ilegal de la droga tiene que ver con enfrentar las organizaciones criminales que la comercializan, pero parecemos haber olvidado un factor fundamental: la demanda.
Según el informe de Senda (2020), la prevalencia de uso de marihuana alguna vez en la vida es de 38,2%, el de cocaína de 6,6%, pasta base 2,6%, mientras que tranquilizantes sin receta llegó a 5,3% y analgésicos a 3,4%. Estudios de Paz Ciudadana identificaron que alrededor del 70% de los detenidos habían consumido alguna droga en horas previas a cometer un delito, difícil establecer cómo empieza el dramático círculo de consumo, violencia y delincuencia, pero como miles de familias saben, es un círculo letal.
Sabemos que el consumo problemático se concentra en grupos de especial riesgo y para ellos la oferta pública de tratamiento es mínima. Entre más de 16 mil personas en situación de calle, solo 439 personas accedieron a tratamiento. En el caso de adolescentes y jóvenes ingresados al sistema penal, la cobertura fue de 307; entre los niños, niñas y adolescentes con consumo problemático se atendió a 1.545 y de las más de 20 mil personas con libertad vigilada y libertad vigilada intensiva se trató a 374. Por supuesto que estos no son los únicos grupos de la población que tienen problemas de consumo, pero son los más precarizados que terminan encontrando en la criminalidad una forma de vida. No hay estrategia contra los mercados ilegales que funcione que no incluya programas para enfrentar el consumo problemático y permita su tratamiento y contención.
Debemos aprovechar el acuerdo político transversal para no sólo pasar leyes vinculadas con mayores castigos, capacidades policiales y penitenciarias, sino también para fortalecer la capacidad de respuesta estatal al problema del consumo de todo tipo de drogas. Una lección clara de las últimas dos décadas es que seguir haciendo lo mismo no traerá resultados distintos.
