Columna de Lucía Dammert: La complejidad del crimen organizado

América Latina está en un claro proceso de consolidación de múltiples mercados ilegales vinculados con el tráfico de drogas, personas, armas, así como la minería y la tala ilegal e incluso el contrabando de cigarrillos, ropa, remedios y otros productos. Los mercados generan altas ganancias por la creciente demanda, así como por las debilidades institucionales que permiten su desarrollo. La diversificación de estos mercados y su ingreso en prácticamente todos los países han consolidado redes transnacionales de alta sofisticación.

Pero también en cada uno de los países se pueden encontrar cientos de grupos criminales de menor y mediana escala, que vinculados de forma menos permanente y bastante flexible entran en contacto con estructuras criminales de otros países para potenciar el mercado ilegal local. Distinto a las mafias italianas o japonesas, donde los niveles de localización, estructuración, jerarquía, lealtad y códigos identitarios son conocidos. En América Latina encontramos dos procesos paralelos en apogeo: la transnacionalización del crimen organizado y un proceso de subcontratación criminal.

Por supuesto que en la región existen grupos criminales de alto poder de fuego, capacidad de gobierno territorial, control ciudadano y amenaza estatal, como las maras en Centroamérica o algunos carteles brasileños, mexicanos, colombianos y venezolanos, pero en su gran mayoría su principal presencia es de orden nacional. La estructura de su negocio criminal puede tener relaciones internacionales para lo que se generan vínculos diversos con organizaciones locales, pero la evidencia muestra que se mantienen igual importantes niveles de independencia en su accionar. Esto último es entendible por parte de las organizaciones criminales dada la necesidad de limitar la respuesta policial, complejizar las tareas de investigación criminal y tratar de inhibir las labores de inteligencia. Así, la construcción de lazos flexibles permite realizar los negocios ilegales dividiendo las responsabilidades y muchas veces autodestruyendo redes de tráfico de forma constante.

Cuando el canciller venezolano declara que el Tren de Aragua es “una ficción creada por la mediática internacional” no sólo niega una realidad confirmada por múltiples estudios que vinculan a esta organización como una de las principales redes de tráfico de migrantes y trata de mujeres, así como diversos otros mercados ilegales. También niega que en el marco de la tragedia humanitaria que han vivido millones de venezolanos obligados a migrar de su país se potenciaron las posibilidades de vinculación de miembros de esta estructura a otros países. Como dijo el canciller (S) Murillo de Colombia, más allá de la forma como esta organización se instala en otros territorios la tarea de los gobiernos es “combatir de forma decidida a la organización que opera en Colombia denominada el Tren de Aragua”.

Lo más peligroso de la declaración del canciller venezolano es el énfasis en el lugar equivocado y, por ende, la opacidad sobre lo más urgente. Puede que muchos de los detenidos en la región que se autodefinen como miembros del Tren de Aragua no tengan reales vínculos permanentes con la estructura criminal venezolana; puede también que incluso en algunos casos se utilice el nombre para el desarrollo de crímenes como extorsiones o secuestros buscando generar temor entre víctimas y otros grupos criminales, pero nada de eso borra los delitos que se cometen, los homicidios que aumentan, la violencia que se generaliza. Así, la guerra contra las estructuras criminales nos debe encontrar unidos: a los gobiernos, que potenciando sus débiles capacidades de inteligencia e investigación criminal puedan controlar y disminuir su presencia. A las policías, que mediante el desarrollo de intercambio y colaboración puedan desestructurar redes y mercados ilegales que inundan la región de dinero ilícito, miedo y violencia. Los enfrentamientos verbales se pueden convertir en un distractor político peligroso que paradójicamente terminen fortaleciendo las estructuras mismas del crimen organizado.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago.