Se termina una etapa política en Chile. Esa es la principal conclusión del plebiscito donde la posición “En contra” de la propuesta constitucional resultó ganadora por más del 10% de los votos emitidos. Es necesario dejar pasar un poco de tiempo para analizar los resultados con mayor detalle y tener una imagen más clara de sus consecuencias políticas, pero frente a estos resultados son pocos los que pueden celebrar.
El proceso constituyente no partió con el estallido social, ya en el 2015 durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, con expertos y procesos de participación ciudadana, se elaboró una propuesta de nuevo texto constitucional que nunca fue revisada por el Congreso. Y luego entramos en un largo proceso que acaba de terminar con el rechazo a la propuesta constituyente elaborada por una amplia mayoría republicana. ¿Regresamos al punto inicial? No. Nos encontramos en un lugar similar, pero en un nivel mucho más precario en la confianza ciudadana, en la legitimidad de la política y la capacidad de resolver los problemas cotidianos.
El proceso que termina nos deja al menos 5 lecciones claves para la democracia en Chile.
Primero, los “gustos” en política salen caros. El abandono de la propuesta constitucional del 2018 y la ultrapolarización de las propuestas del 2022 y 2023 han erosionado la convicción ciudadana sobre la verdadera importancia de las transformaciones. Los principales liderazgos políticos están en deuda con un país que ha sido testigo de una confrontación más parecida a una “batalla de egos” que a la búsqueda de un piso verdaderamente común.
Segundo, la falta de terreno de los partidos políticos genera agendas ciegas respecto a las necesidades ciudadanas. El proceso se cierra con millones de chilenos que optaron de forma indistinta por la Lista del Pueblo, el Partido de la Gente o el Partido Republicano, evidenciando una importante orfandad política que busca espacios de referencia. Se torna urgente que los partidos consoliden presencia territorial, dejen de parecer grupos de interés concentrados en pequeños espacios de las principales ciudades del país. Sin raíces su volatilidad es mucho mayor.
Tercero, los acuerdos cupulares generan desconfianza. La política de los acuerdos entre pocos ya no flota, pero tampoco la participación solo de los cercanos o de las burbujas aparentemente homogeneizantes. El desafío de involucrar a las mayorías en sus preocupaciones se torna clave para evitar un mayor divorcio entre los debates políticos y los ciudadanos.
Cuarto, las necesidades ciudadanas concretas deben estar en el centro de la acción política y ser respondidas con seriedad. Las declaraciones de los presidentes de partido poselección tienen que tener un correlato en la votación en el Congreso y en la capacidad de gestionar agendas colaborativas. El gobierno debe mostrar resultados concretos, la calidad de la educación no se logra con buenas intenciones y la seguridad no se resuelve solo con cambios legales.
Finalmente, el proceso constitucional chileno puede haberse cerrado, pero las necesidades ciudadanas siguen abiertas. Necesidades de los ciudadanos vinculadas a mejor sistema de salud, educación, pensiones; capacidades reales de desarrollo económico enfrentando las desigualdades estructurales e inseguridad cotidianas crecientes. Urgencias que desnudarán la capacidad política real de los principales liderazgos del país, los mismos que si no toman en cuenta los aprendizajes de estos últimos años, seguirán un camino marcado por su irrelevancia.
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