Por Luis Benavente, analista político peruano y director de la consultora Vox Populi
El expresidente peruano Pedro Castillo no tuvo mejor idea que dar un golpe de Estado sin contar con el más mínimo respaldo político. En dos horas había renunciado la mitad de su gabinete, se habían pronunciado en contra el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y el golpe había abortado. En los medios de comunicación y las redes sociales, el rechazo era muy fuerte.
Pero no se trataba de un simple golpe de Estado que pretendía únicamente la disolución inconstitucional del Congreso. El señor Castillo también anunció sin reparo alguno un “gobierno de excepción”, con un control absoluto de todos los poderes del Estado y las instituciones fundamentales de la democracia, como el Tribunal Constitucional y otras. De manera que Castillo se convirtió por un rato en un dictador al peor estilo de Cuba o Venezuela, concentrando todo el poder.
Hasta que se pronunciaron las Fuerzas Armadas para poner punto final a la aventura o alucinación de Castillo, los peruanos vivimos el peor vértigo político de las últimas décadas. Perdimos temporalmente la esperanza de un futuro con libertad y prosperidad, y pensamos en un futuro sin futuro para nuestros hijos. Vimos obscuridad en el porvenir.
El sistema institucional peruano reaccionó rápida y democráticamente, estuvo a la altura y salvaguardó la democracia en Perú, logrando detener la disolución del Congreso y el inicio de una feroz dictadura totalitaria de corte marxista.
Pedro Castillo estaba cercado por muy graves denuncias de corrupción con evidencias, testimonios, actos flagrantes, colaboradores eficaces, carpetas fiscales y todo lo habido y por haber para señalarlo. Carecía de respuesta que no sea victimizarse y no tenía más defensa que insultar a quienes lo cuestionaban.
Las numerosas carpetas fiscales en su contra demostrarían la existencia de una organización criminal montada y conducida por Castillo, para apoderarse de dinero público mediante un sistema de corrupción arraigado en todo el aparato administrativo del Estado. Castillo y su organización criminal ahora están en manos de la justicia y pagarán sus delitos y el daño hecho al Perú.
Semanas antes, ante la falta de respaldo en Perú, Castillo había acudido a su amigo Luis Almagro de la OEA, denunciando una supuesta “nueva modalidad de golpe de Estado” que no existía, pero que el secretario general acogió con cordialidad, enviando una misión de “alto nivel” a Lima. Esta misión elaboró un informe que buscó blindar a Castillo y camuflar las acusaciones de corrupción que hay contra él.
El respaldo inmediato de Lula en Brasil, López Obrador en México, o Petro en Colombia, están basados en consideraciones que no corresponden a los hechos sucedidos en Perú, que pueden resumirse así: Pedro Castillo fue vacado por incapacidad moral por el Congreso del Perú, de acuerdo a lo establecido en la constitución política del país, luego de un golpe de Estado inconstitucional que pretendió dar el expresidente peruano.
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