Columna de Luis Castillo, Christopher Sánchez y Pablo Jara: La urgencia de destrabar la Ley de Fármacos

Una próxima y esperada promulgación de la Ley de Fármacos II en Chile podría significar un hito en la búsqueda de un sistema de salud más accesible para todos. Esta nueva legislación, que ha sido debatida y ajustada exhaustivamente en el Congreso -ingresó a tramitación el 2015-, promete enfrentar varios de los desafíos que afectan al acceso a medicamentos en el país.

Chile ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas. Sin embargo, el precio de los fármacos sigue siendo un problema crítico. Según datos de la OCDE, Chile es uno de los países donde las familias deben destinar una mayor proporción de su ingreso al gasto en salud, particularmente en medicamentos. Este escenario se explica por diversos factores: falta de competencia real en la oferta de medicamentos genéricos y prácticas comerciales que no siempre favorecen al consumidor.

Para enfrentar esta problemática, la Ley de Fármacos II propone complementar la intermediación -no sólo para el sistema de salud público, sino también para farmacias privadas- por parte de Cenabast, para la adquisición de medicamentos a costos más bajos. Esto permitirá proteger a los usuarios de altos precios, y garantizar que los medicamentos esenciales estén disponibles a valores razonables, contribuyendo a reducir la carga financiera sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

La ley también promueve la prescripción de medicamentos utilizando la Denominación Común Internacional (DCI), en lugar de nombres comerciales, incentivando así el uso de genéricos. Este cambio es fundamental, ya que los medicamentos genéricos son significativamente más económicos que sus contrapartes de marca, pero igual de efectivos. La norma aseguraría la intercambiabilidad de medicamentos por equivalencia terapéutica, lo que significa que han pasado pruebas que garantizan su eficacia, seguridad y calidad, brindando a los pacientes opciones confiables y accesibles.

Además, se introducen medidas estrictas para mejorar la transparencia en la cadena de suministro de medicamentos fortaleciendo la fiscalización. El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) tendrá un rol central en la supervisión del cumplimiento de la ley, con sanciones severas para aquellas farmacias o proveedores que no cumplan con las normativas. Al fortalecer la transparencia y la competencia en el mercado, se espera que la ley contribuya a erradicar prácticas abusivas.

Asimismo, de aprobarse, la Ley de Fármacos II permitiría garantizar un acceso territorial más equitativo a los medicamentos. Por ejemplo, farmacias pequeñas podrán acceder a mayor cantidad de medicamentos con los precios transferidos por Cenabast, incluso en zonas rurales o alejadas.

Llama la atención que, existiendo estos graves problemas, tras 14 años de discusión esta normativa no logre avanzar en su tramitación parlamentaria. El acceso a medicamentos, a precios razonables, es fundamental en la política sanitaria de un país y urge que tanto el Ejecutivo como el Congreso reactiven su discusión para que los chilenos y chilenas cuenten con tratamientos farmacológicos acordes a su poder adquisitivo.

Por Luis Castillo, decano, Christopher Sánchez, director de Enfermería y Pablo Jara, director de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias de la Salud, U. Autónoma de Chile.