El sistema de salud chileno enfrenta un escenario de complejidad creciente, que en los últimos días se ha tornado casi en una crisis permanente. A las dificultades que tienen los usuarios del sector público con grandes listas de espera por cirugía no Auge y en los GES oncológicos, se agrega la incertidumbre de los beneficiarios del sector privado por la gran fragilidad del sistema de aseguramiento privado y las inevitables consecuencias que puede tener su término. Esta crisis llevó a la creación de una comisión transversal -al alero de la Comisión de Salud del Senado- que ya hizo profundas recomendaciones para equilibrar el sistema de salud nacional.
Una de ellas, la mutualización, era clave, pero no fue admitida por la autoridad competente lo que -sumado al fallo de patología GES más la aprobación de la ley corta y sus indicaciones- tensiona el sistema, especialmente cuando las crisis en salud se hace patente ya en la pérdida de convenios, cierres de centros médicos, aumento de gasto de bolsillo y la existencia de más 44 mil personas fallecidas mientras esperaban en una lista de espera GES y no GES.
En total, la comisión formuló más de 60 recomendaciones estructurales y operacionales al sistema de salud incluyendo Fonasa, Isapres, prestadores públicos y privados, así como a la Superintendencia de Salud y al subsidio de incapacidad laboral. La gran mayoría de estas fueron acordadas en forma unánime y son parte de una estrategia reformadora pero no refundacional del sector y destraban nudos que durante tiempo prolongado no permitieron avances. Además, son aterrizadas en las necesidades de los usuarios de hoy, de aquellos que están esperando una atención o que tienen gasto de bolsillo extremadamente elevado. Por ejemplo, se propuso la activación automática del segundo prestador Auge, en caso de retrasos de garantías de oportunidad, y la presencia de un seguro catastrófico en Fonasa para mejorar las coberturas en Modalidad de Libre Elección (MLE) en prestadores privados en red, junto con el fortalecimiento del seguro público.
Estas medidas han sido acogidas muy parcialmente y solo se comprometieron algunas modificaciones en un acuerdo entre legisladores y autoridades sectoriales como aprobar el adelantamiento del Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
La salud sigue siendo un tema prioritario para todos, es parte del alma nacional y la calidad de su funcionamiento es reflejo del liderazgo y conducción del sector. No debemos prolongar la incertidumbre para miles de beneficiarios y usuarios del sector privado y público. Hasta ahora la ley corta y sus indicaciones aprobadas son la etapa final de un fallecimiento inducido, prescindiendo de lo más básico en las relaciones sanitarias: el criterio.
Por Luis Castillo F. Decano Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma
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