Se valora la determinación del gobierno de construir una cárcel de alta seguridad, esencial para desarticular las redes del crimen organizado. Sin embargo, es evidente que la ubicación no es la mejor, sino la disponible a corto plazo. Aunque sabemos que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”, no podemos conformarnos.
Es común que el Estado deba tomar decisiones en beneficio del bien común para lidiar entre las presiones del “no en mi patio trasero” o del “dejar hacer” lo que sea donde sea. Pero en la última década hemos caído en dos extremos preocupantes: regular la ciudad desde las presiones locales en detrimento del bien común, como ocurre en vivienda, o imponer excepciones a la planificación urbana y la participación social, como es este caso.
Es cierto que, con el paso de los días, el discurso ha cambiado. Ya no hablamos de una nueva cárcel, sino de la ampliación de la existente, agregando no más del 10% de reclusos a un complejo penitenciario ya altamente poblado, que lleva casi dos siglos en este lugar. Bajo este argumento, todo suena lógico, pues sería una obra menor de usos molestos que siempre han estado ahí.
El verdadero debate es otro. Nos enfrentamos nuevamente a un proyecto que busca consolidar y concentrar fuertes externalidades negativas en un solo sector de la ciudad, amplificando sus impactos. La actual ex Penitenciaría de Santiago presenta un alto grado de hacinamiento, con casi 5.000 reos y una proporción insostenible de reos por gendarme. Por lo tanto, el problema no radica únicamente en la construcción de un edificio de alto estándar para 500 reos, sino en seguir sumando cárceles a un sector que ha cambiado y ya no puede soportar más.
Aunque este conflicto pudo haberse evitado, también ofrece una oportunidad para entender este proyecto como una medida paliativa que comprometa un acuerdo más amplio y ambicioso entre los actores políticos, el gobierno regional y los municipios, con el objetivo de avanzar en la reconversión de esta zona y en un plan urbano de obras penitenciarias que reemplace o remodele el mal llamado “barrio judicial penitenciario”, que de “barrio” tiene poco.
Para evitar caer en opiniones histéricas que sugieren construir cárceles en islas o desiertos, es esencial revisar y validar normas y recomendaciones internacionales. Estas incluyen: ubicaciones en la ciudad o sus bordes, pero alejadas de zonas residenciales densamente pobladas; cárceles con una capacidad de 300 a 500 reclusos para facilitar la seguridad y gestión, y minimizar el impacto en el entorno; terrenos con espacio para expansión y áreas al aire libre; y arquitecturas que se integren al entorno sin degradarlo, es decir, “que los edificios no parezcan cárcel”. Estas no son recomendaciones difíciles de cumplir si se discuten dentro de un plan consensuado, con mejores normas en lugar de excepciones.
Puede que hoy las presiones nos lleven a encerrar y castigar a quienes nos amenazan, pero como sociedad madura debemos aspirar a prisiones dignas y eficientes. A través de la arquitectura, podemos cooperar para reducir la violencia y la desadaptación que las cárceles tradicionales incrementan. Por eso, aunque se construya esta cárcel de alta seguridad, no deberíamos perder ni un segundo en avanzar hacia una solución social, urbana y arquitectónica para romper este ciclo de inseguridad y mejorar nuestras ciudades.
Por Luis Eduardo Bresciani Lecannelier, director Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile
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