Columna de Luis Eduardo Escobar e Ignacio Corcuera: La inversión pública en infraestructura en regiones
Desde hace muchos años discutimos en Chile sobre cuánto se invierte en regiones y si lo que hace el gobierno central para reducir las disparidades regionales es suficiente. Gran parte de la discusión es política en el sentido en que, razonablemente, las regiones buscan alcanzar mayores grados de autonomía para decidir cuánto invertir y en qué. Pero hay poca información sobre cuánto se invierte en regiones y en base a qué criterios se asignan las inversiones que se realizan.
Para obtener algunas respuestas, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) solicitó a estos autores determinar cuánto invirtió el gobierno central en las regiones durante el período 2010-2021 y, en lo posible, establecer los criterios que se han usado para hacerlo.
Usando datos de inversión regionalizados de la Contraloría General de la República y del MOP, el estudio confirma que el principal inversionista en las regiones es el MOP, explicando un 40% del total invertido. Lo sigue el Ministerio de Salud, que representa un 17% de la inversión total. A diferencia del MOP, estas inversiones son más variables, ya que elevan fuertemente el monto invertido en una región cuando se desarrolla un proyecto, pero una vez concluido los montos invertidos decaen.
Desde el punto de vista de las regiones, en el mismo período, la Región Metropolitana es la que más inversión pública recibió, con un 13% del total; le siguen Valparaíso (12%), Araucanía (10,5%) y Los Lagos (10%). Las regiones que menos inversión recibieron fueron Aysén (2,9%), Atacama (3,4%) y O’Higgins (3,5%). Las regiones extremas, por su parte, están entre las que menos inversión pública reciben: Arica (3,8%) y Magallanes (3,9%).
En el estudio exploramos cuatro criterios que podrían explicar cómo se asigna la inversión pública en infraestructura: que se priorizaran las regiones con menor PIB, para tratar de igualarlas; que la inversión dependa del tamaño del territorio (a mayor territorio más inversión); que la inversión se concentre en las regiones más pobres, para reducir la desigualdad; y que guarde relación con el número de habitantes en cada región.
De estos cuatro criterios, descubrimos que el que mejor explica lo ocurrido en estos 12 años es que el Estado ha invertido más en términos absolutos en la regiones que tienen más habitantes. Esto no significa que inviertan más por habitante. Por el contrario, la región más poblada, la Metropolitana, recibió menos de $75.000 anuales por habitante. Esto contrasta con Aysén ($1,3 millones por habitante), Magallanes (un millón de pesos) y Arica-Parinacota ($700 mil).
Que en cada región se invierta en proporción al número de habitantes no es necesariamente un mal criterio. Pero sería conveniente generar una discusión pública que permita consensuar un criterio de asignación de recursos en las regiones. Por el momento, el estudio realizado ha permitido conocer cuál es la situación. Conociendo los hechos, debiera ser más fácil lograr un acuerdo sobre las políticas futuras.
Por Luis Eduardo Escobar, economista, e Ignacio Corcuera, sociólogo; asesores Consejo de Políticas de Infraestructura
