Columna de Luis Larraín: Acuerdo en pensiones: un esquema Ponzi

La Comisión de Trabajo del Senado ha llegado a acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Es un mal acuerdo para Chile. Para lograr un modesto mejoramiento de las pensiones de actuales jubilados los senadores proponen una fuerte alza de cotizaciones previsionales de 7 puntos con un mercado laboral en crisis, afectando a quienes buscan trabajo y a pequeñas empresas, incentivando la informalidad (principal enemigo de las pensiones). Sólo 4,5 puntos irán en régimen a capitalización, aunque los dos primeros años no irá un peso a esas cuentas. El impuesto al trabajo que se crea será de 4 puntos.

Este impuesto favorecerá al Fisco que utilizará 1,5 puntos para aumentar pensiones y supuestamente los devolverá. En segundo lugar, a mujeres beneficiadas por un “bono tabla” financiado con 1 punto. Otros 1,5 puntos se sumarán a la cotización del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, también destinados a reparto. Se crea un Fondo Autónomo de Protección Previsional, estatal, que será permanente, para administrar estos 4 puntos de cotización y aportes fiscales. Podrá crear beneficios. Queda así lista la institucionalidad del reparto.

Es desconcertante que el presidente de la UDI se haya comprometido a que ni un peso de la cotización adicional iría a reparto y todo se destinaría a ahorro individual y ahora sus senadores aparecen suscribiendo un acuerdo en que 4 puntos de cotizaciones de los trabajadores financian pensiones de otros.

Pero el Estado no sólo administrará el reparto, sino crearía un inversor público, con la intención que maneje cuentas de capitalización individual participando en licitaciones de afiliados cada dos años. Se reduce 90% el encaje, de modo que el día de mañana podríamos tener a un Sartor administrando fondos previsionales.

Otro peligro es la contingencia fiscal. El financiamiento de la reforma deja el peor escenario posible para las políticas públicas: no se emite deuda fiscal, con lo cual el ministro de Hacienda no aparece rompiendo ratios frente a organismos multilaterales, pero sí se contrae una obligación frente a los trabajadores, que toma la forma de una cuenta nocional. Es lo más parecido a una estafa a lo Ponzi. No hay claridad en la forma en que se financiará esto después del 2050, año en que se estima en 3.200 millones de dólares el costo anual.

¿Por qué los políticos hacen esto? Probablemente quieren quedar como benefactores de los actuales jubilados favorecidos con aumentos en sus pensiones y no quedar como lo que son: culpables de las cada vez más bajas pensiones de los “perjudiciaros” (término argentino) de la reforma: los actuales trabajadores. Así es el reparto: pensiones que engordan para morir flacas. Y no se “cierra” aquí el tema, os aseguro que antes que cante el gallo surgirán proyectos para seguir debilitando el ahorro previsional.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo