Chile está estancado hace 10 años, ha sido una década perdida para la economía chilena que crece al 2%, menos que el mundo. La reforma tributaria de Bachelet, que pretendía recaudar tres puntos del PIB, terminó recaudando uno, subió el impuesto a la renta de las empresas hasta dejarnos la segunda más alta de la OCDE (son 34 países), en circunstancias de que somos el segundo país más pobre de los 34. El PIB tendencial, que crecía 6,7% en la década de los noventa, pasó a 4,4% en la de los 2000 y ahora se proyecta en 1,8% después de dos gobiernos socialistas más.
En educación se impulsaron reformas en el nivel escolar, insistiendo en poner fin a la existencia de establecimientos con fines de lucro en la educación particular subvencionada y eliminar el financiamiento compartido que hacía posible que apoderados hicieran un aporte monetario al colegio; “bajar de los patines a los alumnos que los poseían”. Esto le restó 500 millones de dólares anuales a la educación particular subvencionada.
Reformas diseñadas sobre un diagnóstico equivocado, a partir de una visión sobre ideologizada, sin respaldo en evidencia.
En política pasó algo similar cuando después de décadas de críticas el sistema binominal se cambió éste por el actual sistema que ha derivado en la fragmentación y precarización de la política, con 22 partidos. El estallido y la migración descontrolada desataron la violencia.
La reforma de pensiones también se fundó en un diagnóstico equivocado que atribuía a las AFP el bajo nivel de las pensiones y no a poco ahorro por informalidad laboral y lagunas previsionales por la falta de un mercado laboral robusto sustentado en crecimiento económico. Sus partidarios justificaron el acuerdo en que no podemos continuar discutiendo durante más de 10 años sin resultados. Pero eso no es así, Sebastián Piñera, al crear la PGU el año 2022, realizó la reforma más importante al sistema desde su creación en 1981.
Como sabemos, la reforma actual ha tenido una tramitación nunca vista para un proyecto de esta complejidad. La Comisión de Trabajo la despachó en menos de dos semanas, luego la Comisión de Hacienda y después el Senado votaron un texto de 600 páginas que probablemente pocos leyeron. La Cámara la aprobó en menos de 24 horas. Ha sido una tramitación impropia, que arriesga caer en errores similares a los proyectos que citábamos, causando graves daños, como lo será la consolidación del reparto.
Cuando Chile entra de lleno en un ciclo de renovación de liderazgos, que dejarán atrás los aciagos años de Gabriel Boric, el país espera de quienes encabezan las preferencias de la población una mirada fresca que dé con soluciones novedosas y propias del ideario de seguridad y libertad de emprender que exige el país, sin pies forzados, ni acuerdos furtivos sacados bajo presión entre cuatro paredes.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor, Libertad y Desarrollo
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