La corrupción está instalada en el gobierno. No sabemos aún con qué alcance, pero ya es claro que no se trata de casos aislados de robos de algunas personas, sino de un mecanismo para defraudar, ideado y ejecutado por autoridades coordinadas con alto poder de decisión. La primera reacción del gobierno fue intentar encapsular el problema en la fundación Democracia Viva, en el Ministerio de Vivienda en Antofagasta y en un Seremi, pese a la serie de evidencias que sugerían que la diputada Catalina Pérez, ex presidenta de Revolución Democrática, no podía sino estar enterada de lo que ocurría.
Esta reacción inicial no se sostuvo y metió al Presidente Boric en más problemas. Como un cuerpo gangrenado, el gobierno empezó a destilar uno y otro caso de corrupción, con características miserables algunos, como robar a los más desvalidos; patéticas en otros, como la compra de lencería con fondos asignados por la gobernación del Biobío a una fundación “arrendada” (una verdadera innovación chilena); y recientemente pavorosas (¿cuánto cuesta un colombiano?).
Finalmente, en el gobierno, el ministro Luis Cordero y el subsecretario Monsalve ya hablan de corrupción. En entidades independientes como el Ministerio Público se investiga la hipótesis de un esquema para defraudar al Fisco y un modus operandi conducente al financiamiento de la política; el contralor mencionó “vías por donde se coló la corrupción” (tibia y complaciente descripción). Y en la Cámara de Diputados una mayoría que incluye parlamentarios oficialistas aprobó una resolución que solicita al Presidente estudiar la remoción del ministro Giorgio Jackson.
La mención de Jackson tiene sus razones. El Ministerio que dirige el líder de Revolución Democrática también registra traspasos fraudulentos a fundaciones y un insólito asalto a sus dependencias, que incluyó un rarísimo robo de computadores y una caja fuerte, y que días después aparece vacía, lo que sugiere que se quiso hacer desaparecer evidencia.
La investigación se extiende ya a doce regiones del país y a más de 30 fundaciones y dineros por 15.000 millones de pesos. Extraña el rol de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a cargo de supervisar la ejecución del gasto, que en la Ley de Presupuestos 2023 propuso eliminar requisitos de antigüedad a fundaciones, lo que facilitó los fraudes. También habría intervenido para recomendar un proyecto que favoreció a la fundación Pro-Cultura, presidida por Alberto Larraín (amigo del Presidente Boric), quien durante este período ha recibido más de 4.000 millones de pesos.
La gravedad de estos hechos requiere responsables políticos, ministros, que dejen el cargo ya, y acciones legales para castigar y detener los fraudes. El Presidente Boric no puede seguir haciéndose el leso. Pretender normalidad e intentar cambiar la agenda atacando a la oposición, solo acerca el escándalo a su persona.
Columna de Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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