Nunca, desde que asumió Gabriel Boric, se había visto una semana que mostrara tan crudamente el deterioro de su gestión. Si bien no cabe hablar de Estado fallido dada la labor de otras instituciones, sí podemos hablar en Chile de un gobierno degradado.
En el plano político, el gobierno intenta una inverosímil maniobra para adulterar el padrón electoral a meses de las próximas elecciones. Con la excusa de modificar la legislación para que la elección se realice en dos días, senadores oficialistas con complicidad del ministro Elizalde operaron para aprobar, de contrabando, la eliminación de multas por no cumplir con la obligatoriedad del voto que establece la Constitución. Luego de que la ministra del Interior señalara que esto se corregiría con un veto presidencial, Elizalde a la hora de precisarlo señala que la multa se repondría para los ciudadanos, no para los electores, dejando así sin multa a los extranjeros que no voten. Las encuestas muestran que los extranjeros con derecho a voto manifiestan una preferencia muy mayoritaria por candidatos de derecha. Chile se pondría así a la altura de Venezuela, alterando reglas electorales a última hora, integrándose al club de democracias iliberales que hacen trampa para conservar el poder, conducta que tanto critica la izquierda en otras latitudes. El gobierno en su degradación ha perdido hasta sus convicciones.
Pero tan grave como lo anterior es lo que ocurrió en materia de orden público; el fin de semana reportó 18 asesinatos a balazos, 17 de ellos en la Región Metropolitana y varios afectaron a niños, en la escalada criminal más brutal que se tenga recuerdo. En medio de ello, el Presidente Boric se fue a Paraguay a una reunión con inversionistas, la vocera de gobierno señaló que la situación era peor en los países vecinos y se anunciaron reuniones de coordinación y “novedades” como destinar más carabineros a la calle en desmedro de funciones administrativas. La oposición emplaza al gobierno pidiendo responsabilidades políticas y los senadores Insulza y Castro piden Estado de Sitio en la RM. Mientras no se aprueben las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), esa medida no tendrá impacto. A su vuelta a Chile, el Presidente Boric anuncia una cárcel de alta seguridad que no estará disponible los próximos cinco años. Ninguna responsabilidad política ha sido cobrada por este desastre en materia de seguridad.
Mientras, el Frente Amplio celebra con júbilo sus elecciones internas porque votaron 12.000 personas y se ufana de supuestos logros de este gobierno. La falta de sintonía con los chilenos es total. Los niños que mueren a balazos en las calles y el miedo que tiene encerrados en sus casas a tantos no cesarán con un par de medidas efectistas, sino con una fuerza superior que enfrente al crimen organizado. Sin RUF no tendremos esa fuerza.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor, Libertad y Desarrollo
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