Hace catorce meses, cuando recién comenzaba la discusión sobre la reforma de pensiones, la oposición pidió que se mejorara la información que sustentaba el proyecto, pues los cálculos técnicos realizados por expertos de centros de estudios no calzaban con los números que anunciaban los ministros Marcel y Jara. En particular, se pidió detallar el método utilizado para calcular las tasas de reemplazo de las pensiones que entregaría el sistema (el porcentaje que el monto de la pensión representa de la remuneración recibida como trabajador).
Aunque parezca increíble, el gobierno siguió tramitando la reforma sin entregar esta información hasta esta semana, vale decir más de un año después. La ministra Jara se las arreglaba, cual malabarista, para mantener la discusión de una ley de alta complejidad técnica pronunciando frases propagandísticas que aludían a solidaridad, a mejorar las pensiones ahora y a la necesidad que la oposición cediera. Lo que no decía la ministra es que la solidaridad iba a ser de trabajadores de ingresos medios a pensionados que tendrían mejores tasas de reemplazo cuando jubilaran que quienes los subsidiaban, según lo demostró un estudio realizado por el economista David Bravo. Se pretendía así que una función que es del Estado la cumplieran los trabajadores. Incluso la promesa del gobierno de subir la PGU a 250.000 pesos, que fuera clave en el programa de Boric, tampoco se cumplía en el proyecto que se discutió esta semana, sino se postergaba por varios años.
Cuando el gobierno decidió utilizar un trámite de urgencia (discusión inmediata) con el objeto de presionar a la oposición, ésta reaccionó recordando a la ministra Jara su promesa incumplida: debía entregar los cálculos de tasa de reemplazo. Era impensable apoyar un proyecto destinando cotizaciones a un fin distinto a la cuenta individual de capitalización, que según todas las encuestas es la preferencia mayoritaria de los chilenos, sin siquiera conocer las tasas de reemplazo. El gobierno encargó rápidamente un estudio, que utilizó una metodología distinta a la de Bravo. El ministro Marcel se permitió calificar como absurdo el resultado del estudio de Bravo, utilizando mañosamente un caso particular.
David Bravo, elegido hace unos días como Economista del año 2023, concurrió a la Cámara a defender su estudio. Reveló que el trabajo coordinado por el asesor de Jara, Cristóbal Huneeus, inexplicablemente omite del cálculo los meses con remuneración cero (motivo importante de las bajas pensiones) lo que calificó como un cálculo absurdo. Señaló por último que, si se incluyen esos meses, la tasa de reemplazo resultante es la misma que calculó él. Con un estudio de última hora, el gobierno pretende tapar el sol (iluminado por David Bravo) con un dedo. No es lo que necesita Chile de la política.
Por Luis Larraín, Presidente de Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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