Cada vez que el gobierno de Gabriel Boric ha intentado imponer a los chilenos su programa refundacional, le ha ido mal. Fue el caso del proyecto constitucional de la Convención que apoyaron con entusiasmo, pero contradijo de tal manera el sentido común de los chilenos que llevó a la peor derrota de la izquierda chilena desde septiembre de 1973. Si bien todavía en su entorno parecen no aquilatar la magnitud de esa derrota, el instinto político del Presidente le dice que ella fue durísima y que sus efectos permanecen como un sello indeleble de su administración. ¿Si recién he cumplido un año y las cosas continúan empeorando, qué puedo esperar del resto de mi mandato? Es una pregunta que debe hacerse el Presidente.
Sin embargo, sus decisiones políticas y las de su equipo de gobierno siguen representando una suerte de obra farsesca en que los actores saben, y los espectadores también, que lo que afirman, comunican y prometen las autoridades es falso. La criminalidad no disminuirá, porque hay condiciones estructurales que lo impiden en nuestro sistema judicial, pero sobre todo en el propio gobierno que indultó a los delincuentes del estallido y como si fuera poco ahora los premia con pensiones de gracia. Esto es una bofetada para los carabineros asesinados o atacados diariamente en las calles de nuestras ciudades y una señal para los violentos de que tienen licencia para delinquir. Mientras no cambie el balance de poder entre policías y delincuentes la situación solo puede empeorar.
En el ámbito económico sucede algo parecido: el gobierno promete que la desmedrada situación que viven los hogares chilenos mejorará, celebrando cada décima de un indicador menos malo que el anterior. Se muestra prepotente en su trato con la oposición y no está dispuesto a ceder en los radicales proyectos de reforma tributaria y de pensiones que impedirían el progreso; el primero, una profundización de la reforma de Bachelet de negativo impacto en la economía chilena, y el segundo, una cesión del ahorro previsional a organismos estatales con riesgo de manejo político y un impuesto al trabajo prometiendo mejores pensiones futuras sin ninguna base técnica, proyecto que haría ruborizarse a los integrantes de la Comisión Marcel.
El rechazo en la Cámara de la reforma tributaria fue la consecuencia de intentar imponer un proyecto sobre el que no hay acuerdo. Para que esto cambie, el gobierno debe decidirse a negociar lo previsional y tributario, recogiendo el espíritu del 4 de septiembre, que nos tiene elaborando una nueva Constitución sobre bases mayoritarias. Es lo que le queda a Boric para evitar que los chilenos lo recuerden con rabia y que el Frente Amplio desaparezca. Los comunistas, en cambio, creen que este gobierno fracasó y solo quieren correr más la cerca para dejar a los ciudadanos a merced del Estado.
Por Luis Larraín, presidente Consejo Asesor Libertad y Desarrollo
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