La criminalidad está desatada. Tres carabineros fueron asesinados en veintitrés días. El gobierno, carente de iniciativa, se ha allanado a tramitar mociones parlamentarias para dar a las policías mínimas condiciones, debilitadas a partir del 18 de octubre de 2019 cuando fueron perseguidos por fiscalías y acosados por organismos como el INDH.
Desde que asumieron el gobierno, las autoridades están incómodas con esta tarea, sus prioridades son otras: conmemoración de 50 años del golpe, agenda feminista, etc. Pero la presión ciudadana los ha obligado a actuar y tramitaron la Ley Nain-Retamal, mientras en la calle se asesinaba al cabo Daniel Palma. Afortunadamente se avanza en la identificación y captura de los autores y la promulgación de esta ley ayuda a la tarea del orden público.
El gobierno se defiende asegurando que las policías cuentan hoy con más recursos y anuncia que aumentarán en 1.500 millones de dólares al año. Pero Carabineros no solo necesita armas; requieren que los dejen usarlas y Apruebo Dignidad trabaja hace años para evitarlo. Y aún lo hacen: votaron contra la ley Nain-Retamal; autoridades de seguridad pública como el jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito hablaba hace poco de “pacos bastardos”; la coordinadora de seguridad pública de la región de Coquimbo exhibe en redes sociales foto con el “perro matapacos”. Siguen en sus funciones.
La verdad, es que el espíritu y actitud de gran parte del gobierno está contra la autoridad policial y no se combate el crimen maniatando a los carabineros.
Además, la inmigración es un factor clave en el aumento de la criminalidad. El fiscal nacional informa que entre 35 y 40% de los detenidos son extranjeros y ha instruido pedir prisión preventiva para extranjeros indocumentados cuando amerita. Pero las autoridades de gobierno, incluido el diputado Boric, recurrieron antes al TC para evitar expulsiones de extranjeros en situación irregular. Y no es solo cosa del pasado: trabajan en el gobierno en el tema migratorio al menos seis funcionarios que activamente, a través del SJM y otras ONG, obstaculizaban la expulsión de los ilegales.
La ministra Tohá, presionada por Apruebo Dignidad que se opone al sentir de la ciudadanía, ha perdido iniciativa y cometido lapsus graves (la frase del gatillo fácil y aquella acerca del objetivo del disparo del carabinero que mató al sujeto que atropelló a su colega). No se espera eso de quien dirige el combate contra el crimen. La presentación de las RUF abre otro flanco, pues según especialistas disuade el uso de armas por carabineros y la ministra pretende someterlas a consulta del INDH. Una nueva agenda parlamentaria de 31 proyectos acordada por los presidentes del Senado y la Cámara puede ayudar a sacar al gobierno de su confusión. Ojalá prospere.
Por Luis Larraín, presidente Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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