Luego de la estrepitosa derrota del gobierno en las elecciones de consejeros constitucionales, en un cónclave en el palacio del Cerro Castillo, lugar favorito del gobierno popular de Boric, la coalición gobernante decidió imitar a los sicilianos de la novela de Lampedusa siguiendo la estrategia “que todo cambie para que todo siga igual”. Así, el Presidente arengó a los suyos afirmando que las ideas del gobierno no están derrotadas. Camilo Escalona, izquierda democrática, llamó al pueblo chileno a unirse nuevamente como hace 40 años en las protestas contra el gobierno de Pinochet, para “frenar la regresión conservadora”. Uno de los acuerdos del cónclave, según se informa en la prensa, sería insistir con las reformas y sacar al pizarrón a Republicanos en sus votaciones en el Congreso, intentando situar una cuña entre ellos y Chile Vamos, y así pirquinear votos necesarios para aprobarlas.
En su mundo paralelo de la comuna mental de Ñuñoa, quienes nos gobiernan no entienden lo que pasó en las elecciones. Pretenden enfrentar a Republicanos, la fuerza política más importante de Chile que con 3 millones y medio de votos más que cuadruplica al segundo partido más votado, ¡que es la UDI! Según Pepe Auth, respecto a la última parlamentaria, el domingo la derecha creció 20 puntos para llegar al 56%, la izquierda perdió 11 puntos para llegar al 21% y la centroizquierda bajó 1,8 puntos para quedarse con 16%.
Pero lo más impactante es que según un estudio de la UDD, el patrón social de la votación mutó hacia lo que ocurre en países desarrollados. A la derecha le va mejor en los grupos de menores ingresos y a la izquierda en los de más ingresos. El quintil alto es el peor para Republicanos con 31,2% y el quintil bajo fue el mejor, con 40 % de los votos. Unidad por Chile, la izquierda, obtuvo 28% en el quintil más alto y 16,5% en el más bajo.
Creo que la estrategia de ningunear a Republicanos, con la complicidad de Chile Vamos, no haría más que aumentar el apoyo a los primeros y acelerar la caída en la votación de los segundos.
El gobierno repite como un mantra que va a dialogar, pero ese diálogo parece ser al interior de su coalición, pues en las principales reformas: tributaria, de pensiones, de seguridad; siguen sosteniendo posiciones radicalmente distintas a las de la oposición. Tanto que la de impuestos se rechazó, la de pensiones deroga el DL 3.500 (página en blanco con reparto y administración principalmente estatal) y en la de seguridad pública defienden a usurpadores frente a los propietarios. Ahora, en la ley corta de Isapres están aprovechando de desmantelar el sistema privado dejando en la incertidumbre a 3 millones y medio de chilenos, especialmente a quienes tienen preexistencias y temen por su vida. La reacción frente a ello puede hundir más al gobierno.
Por Luis Larraín, presidente Consejo Asesor Libertad y Desarrollo
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