Presiento un antes y un después en la política chilena tras el grave error del Presidente Boric al cuestionar los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial, lo que obligó a la Corte Suprema a representar públicamente que el Mandatario no puede ejercer funciones judiciales ni revisar los fundamentos de sus resoluciones.
Boric ha traspasado un límite que obliga a las instituciones del Estado a repensar la forma de relacionarse con quien dirige un gobierno extraviado en su accionar. Su decisión de indultar a 13 delincuentes condenados por acciones violentas tuvo como primer efecto político, previsible, hacer caer la mesa de seguridad en que la ministra Tohá pretendía acuerdos con la oposición. Habrá que concluir que los acuerdos para combatir la delincuencia no son prioridad para el Presidente.
Un segundo efecto, que habla de la brutal desconexión de Boric con la ciudadanía, es la recepción que tendría el que se indultare a un terrorista que participó en el asesinato a un carabinero y un guardia; o a quien, en una acción que podría calificarse de femicidio frustrado, atropelló a una detective de la PDI, dejándola sin poder caminar. Cuando Lautaro Carmona del Partido Comunista justifica el “indulto de 13 compañeros”, los chilenos entienden que el gobierno no está velando por la mayoría de los ciudadanos, sino favoreciendo a una camarilla. Un gobierno tan orientado a lo simbólico nos está notificando que los sentimientos de quienes no pertenecen a su secta les importan un comino.
La oportuna declaración de la Corte Suprema, que ha defendido sus fueros, debe llamar a reflexión al resto de las instituciones nacionales. ¿Es este un gobierno confiable? ¿Tiene voluntad de acuerdos o pretende avanzar sin transar para imponer sus concepciones minoritarias? Pues si estamos ante un gobierno insanablemente hostil, que viene a imponer a troche y moche su proyecto refundacional, es hora de hacerle un parelé.
El senador Elizalde y el diputado Mirosevic actúan en materia de acuerdos políticos como agentes del Ejecutivo. Sin pertenecer a Apruebo Dignidad, los ministros Marcel, Tohá y Uriarte ejecutan la partitura compuesta en la oficina presidencial y no proponen alternativas desde el Socialismo Democrático. Chile Vamos parece convencido de que al frente hay un interlocutor confiable y colabora en el avance de las reformas tributaria y previsional, que atacan al corazón de sus convicciones; así como en un proyecto constitucional que, siendo necesario, deberá negociarse con quienes apoyaron la fallida constitución antidemocrática.
Valdría la pena mirar a la Corte Suprema. Las acusaciones a los ministros tienen un significado simbólico, pero no alteran lo esencial: este gobierno solo entiende cuando se le enfrenta con dureza. El político que no entienda eso será castigado en las urnas.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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