Además de miles de personas cuyas viviendas quedaron inutilizadas, los empleos, plantaciones y cosechas perdidos, que se esconden tras cientos de miles de hectáreas de tierra baldía dejadas por el fuego, los incendios en el sur de Chile nos han dejado una muestra más de la esencia del grupo que hoy nos gobierna.
Analistas de muy distinto pensamiento advertimos, y celebramos, que cuando el gobierno pareció superado por los hechos y la magnitud del desastre pidiera una tregua, llamando a las empresas forestales que ayudaban a combatir el fuego y a políticos de oposición que criticaban su inoperancia a sumarse a una tarea común. Parecía dejar así atrás al cojo que culpaba al empedrado, a la autoridad que criticaba a los centros comerciales por los asaltos que sufrían, o a las inmobiliarias por incendios en Valparaíso que arrasaron casas construidas irregularmente, cuando no en terrenos tomados. Esta vez el villano que habían elegido eran los “monocultivos”, como llaman los seres con organismo unicelular a las plantaciones que incorporaron a la producción a millones de hectáreas de suelo degradado.
Pero la tregua duró poco. Quizás defraudados por la magra cosecha que dejó en las encuestas su espíritu conciliador, el gobierno volvió a la carga contra las forestales. El Presidente Boric no se restó y anunció, aludiendo a los incendios, que venía una mayor regulación en lo que se refería a las empresas forestales. Otra vez el gobierno buscando culpables para exculpar su falta de respuesta; aunque los acusados destinen muchas veces más recursos que el propio Estado a combatir los incendios (tres mil brigadistas, cincuenta aeronaves y esfuerzos heroicos de su personal). Y si Boric fue oblicuo en sus ataques, otros más torpes, como el ministro de Agricultura, vieron el botín y hablaron de cobrar royalty a las empresas forestales. Ignorancia supina hablar de royalty a recursos renovables. La excusa de captar así recursos para el combate a los incendios, mencionada por Valenzuela, es desmentida por la nula utilización de recursos para investigación con los fondos del royalty a la minería. Pura y simple codicia: más plata para contratar operadores para distorsionar así la política.
Y desde fuera de la política vinieron las reacciones más sensatas a los exabruptos gubernamentales. El fiscal nacional unió sentido común a sapiencia jurídica: son parte de las víctimas, dijo. El presidente de la Sofofa apuntó al centro del problema: es un tema de orden público que corresponde al Estado; muchos incendios son intencionales y la persecución criminal no es cosa de privados. Juan Sutil acusó al gobierno de tapar su propia incompetencia. Luego, un paso atrás del gobierno: curiosamente es la ministra Tohá quien declara que no se contempla royalty para la industria forestal. Ya vendrán dos pasos más adelante.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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