Comienzo con dos aclaraciones: la primera es que el uso de esta figura para referirse a la negociación constitucional no es original y doy los créditos a quienes la utilizaron antes, destacando a Sergio Muñoz Riveros, cuya honestidad intelectual no se ha doblegado frente al intento de engañar a los chilenos con lo que él ha llamado “la hinchazón populista del lenguaje”. La segunda, es que al momento de despachar la columna no tengo información del resultado de las conversaciones. La desventaja periodística que ello supone se compensa al evitar la negación con que los humanos escondemos verdades incómodas.
Que la última semana la izquierda haya cambiado tres veces de posición sobre la composición del órgano redactor, volviendo a exigir que sea 100% electa luego que el PC postergara una asamblea, confirma que estamos ante un baile de máscaras. Nada de lo que vemos y oímos es cierto, es solo lo que los actores quieren que veamos.
Aclaro que mi preferencia es que las partes lleguen a un acuerdo, no cualquier acuerdo (necesario decirlo entre quienes votamos usualmente por Chile Vamos). Las ventajas para el país son varias: 1) se cumpliría el compromiso de apoyar una nueva Constitución; 2) contribuiría a un mejor ambiente cívico y político y permitiría abocarse a cuestiones urgentes para los chilenos; 3) si bien se concedería un triunfo al Presidente Boric y su gobierno, se realizaría la discusión constitucional en un buen momento para las ideas de la libertad que sustentamos, a lo cual algo ayudarían los bordes (no mucho por la poca disposición de nuestros adversarios a respetarlos) y los árbitros; y 4) los plazos que se han conversado parecen razonables, siempre que se eludan las trampas simbólicas que la izquierda aún intenta imponer. Por favor no confundan estos argumentos con la estupidez aquella de que con el acuerdo “se cierra el tema” pues no lo podrán cuestionar mañana. ¿Los que votaron por destituir a Piñera en medio del “estallido social”?
Es bueno un acuerdo, pero es inaceptable que se admita que la participación del Congreso en la elaboración de la Constitución es inconveniente pues no tendría legitimidad suficiente. Esa es una línea roja infranqueable y transgredirla significa aceptar que ninguna institución, ni el Presidente, ni el Congreso ni el Poder Judicial es legítimo. Afortunadamente una vez más Amarillos se ha encargado de decirlo.
Es cierto que en una negociación a veces se exageran posiciones, se cede y se concede; pero los actores no pueden pretender que los espectadores creamos que sus toscos rostros son, de verdad, aquellos que las plumas y los brillos ocultan, ni tampoco que aceptemos la rudeza argumental que los lleva a regalar lo más valioso: el Estado de Derecho. Ojalá esto termine bien y los actores se despojen de sus máscaras para agradecer el aplauso del público.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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