El asalto a la tienda Mac Online en el Mall Plaza Egaña debiera marcar un antes y un después en la persecución criminal en nuestro país. No es tolerable que, a plena luz del día, en un lugar al que tantos santiaguinos acuden habitualmente, una banda de delincuentes uniformados con overoles blancos, movilizados en varios vehículos y disparando armas de alto poder de fuego pongan en peligro la vida de tantos chilenos. La población está atemorizada; la gente no quiere salir de sus casas por el miedo a ser una de las personas que son asesinadas a diario en nuestro país, o una de las ocho víctimas de una violación, o parte de los treinta y cinco que sufren una encerrona en sus vehículos cada día.
El año 2022 los homicidios aumentaron un 42%, las violaciones un 12%, los robos con violencia un 63%, los hurtos un 46% y el total de delitos un 45%. En Iquique y Alto Hospicio ya van once asesinatos en lo que va del año y las personas exigen a las autoridades que se decrete estado de emergencia.
El gobierno está sobrepasado. La ministra del Interior y Seguridad Pública apuesta a una mesa de diálogo, un ejercicio de comunicación política, dicen algunos. El subsecretario Monsalve culpa a los malls por falta de medidas de seguridad. Los políticos, con pocas excepciones, están más preocupados de las listas para las elecciones al Consejo Constitucional que de resolver, con medidas efectivas, el principal problema que enfrentan los chilenos.
En cualquier país civilizado un sujeto que dispara un arma en plena calle es abatido por la policía que dispara a matar. En Chile no. La circular 618 del ex fiscal nacional Jorge Abbott, que hasta donde entiendo no ha sido derogada, ordena una persecución penal sesgada contra Carabineros. No son iguales ante la ley, no pueden ser beneficiados con salidas alternativas y son, con frecuencia como hemos visto, acusados por fiscales de intento de homicidio cuando procurando proteger el orden público causan lesiones a individuos que realizan actos violentos. Muchas veces los policías son dados de baja inmediatamente al enfrentar estas acusaciones.
La posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, desbordadas por inmigración irregular que alimenta bandas criminales, está detenida también por la deficiencia de reglas del uso de la fuerza (RUF) que puedan resguardar a sus efectivos de acciones penales impulsadas por activistas que se dedican a la persecución penal de uniformados. Incluso emergencias, como los incendios que se viven hoy en el sur, requieren revisar las RUF.
Si no se acepta que la policía ejerce fuerza legítima cuando cumple con su misión institucional de resguardar el orden público, como señalaba el filósofo Jorge Millas, no habrá solución a la criminalidad en Chile.
Por Luis Larraín A. Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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