El Presidente Boric ha nombrado una comisión de ocho personas que en un plazo de dos años hará propuestas en relación a demandas del pueblo mapuche. La puesta en escena ha tenido elementos positivos, como lo son su composición pluralista con reconocidas figuras, apreciados por el mundo político ya que todos los partidos han concurrido a la ceremonia inaugural.
En ese espíritu positivo cabe plantear ciertas dudas acerca de sus posibilidades de éxito, derivadas de errores de diagnóstico que están en su origen. Es en esta etapa temprana cuando es más pertinente plantear estas cuestiones con la esperanza de que sean abordadas.
Como en otros temas, el gobierno del Presidente Boric parte de una representación de la realidad que no se ajusta a ella, sino a una concepción ideológica prejuiciada que ha demostrado ser equivocada en todo tiempo y lugar. O sea, buscan soluciones para resolver el problema equivocado.
El diagnóstico oficial, en simple, es que lo que impide la paz en La Araucanía es la demanda pendiente por la recuperación de tierras. Ello explica el énfasis que se pone a las tierras en el mandato a la comisión. Se ignora que, luego de la Ley Indígena, entre 1994 y 2023 el Estado ha comprado y transferido 219.000 hectáreas por más de 530.000 millones de pesos, con 700 comunidades todavía en la fila. La violencia en La Araucanía solo ha aumentado en este período. Lo que en verdad tenemos es un poder comprador de violencia financiado por el Estado, donde activistas identifican territorios privados, los atacan y van incrementando así las compras del Estado. Como el total de tierras no está delimitado (el gobierno del Presidente Boric se niega a considerar los títulos de merced como criterio) el problema solo crece. Si agregamos que no hay propiedades fiscales en la región, se comprenderá que persistir en la entrega de tierras solo puede provocar conflicto, pues debe desalojarse previamente a propietarios que no quieren salir de allí.
La realidad es que el principal conflicto es la presencia creciente de grupos terroristas minoritarios, como lo demuestra el movimiento 18 de octubre recién creado, que reivindica atentados a torres de alta tensión, ferrocarriles y un parque eólico de capitales extranjeros. Se financian con robo de madera y narcotráfico, y mantienen reductos inaccesibles para el Estado que no los reprime por razones políticas. Sin la desarticulación de éstos no habrá paz. Es cierto que esta es tarea del gobierno y no la comisión, pero si no se hace, la comisión perderá el tiempo.
La mayoría de la población mapuche, como lo ha demostrado en las urnas, no persigue la reivindicación de tierras. No tiene sentido dar solución a un problema que no existe, mientras no se derrote al terrorismo, tarea imprescindible a la que el gobierno no está dispuesto.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor Libertad y Desarrollo
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