La demanda por una reforma de pensiones es antigua. Comisiones encabezadas por Mario Marcel y David Bravo emitieron completos informes, pero la política no fue capaz de aplicar sus recomendaciones. El problema fundamental han sido las bajas pensiones y hoy día sigue habiendo necesidad de mejorar pensiones, pero solo a algunos grupos de la población. El gobierno de Sebastián Piñera introdujo la PGU, que aumentó en forma significativa las pensiones de los sectores de ingresos bajos, siendo la reforma más importante desde 1980. Pero aún quedan tareas pendientes.
Según el Centro de Estudios Longitudinales de la UC, esa reforma fue de tal magnitud que elevó el componente solidario a un 80% entre las mujeres y a 65% en los hombres. Hablar hoy día de introducir solidaridad al sistema es demagogia pura y dura.
Sin embargo, las pensiones de las personas de ingresos medios siguen siendo bajas en relación con los sueldos (tasa de reemplazo o TR). Un estudio reciente de la Superintendencia de Pensiones asesorado por Rodrigo Vergara y Paula Benavides estima que la TR promedio para los pensionados entre 2015 y 2022 es de 63%. Para el 20% más pobre (primer quintil) la TR es de 172%, o sea problema resuelto. Pero para el cuarto quintil (rentas promedio de $ 700.000) la tasa es solo de 45% y menor aún para las mujeres. El problema entonces está en la clase media y allí hay que poner el énfasis de la reforma. La manera de aumentar esa tasa de reemplazo es destinar toda la cotización de 6% a ahorro individual. La propuesta del gobierno de 3-3 hace que una mujer que gana $ 860.000 mensuales (TR de 67%), en el largo plazo disminuiría la TR a 44% por el desvío de fondos a financiar pensiones actuales. A los trabajadores del quintil más alto, ahorros no previsionales y acumulación de activos les resuelven el sustento para la vejez.
¿Por qué entonces el gobierno insiste en su reforma? Por dos razones, la primera (Jara) es que prometieron NO + AFP y aunque ello no solucione nada, el gobierno de Boric no quiere abandonar una bandera más (TPP11, reforma tributaria, fin al CAE). Desmembrar la industria de AFP, separar la inversión de la recaudación introduciendo al Estado son sus propuestas, sin análisis y con riesgo de un Transantiago en el mercado de capitales. Pero no les importa. La segunda (Marcel) es aumentar las pensiones antes de las elecciones y para eso necesitan un par de puntos de cotización a reparto, aunque introduzcan una droga para la disciplina fiscal. Son problemas de ellos, no de los pensionados ni trabajadores.
Resolverle problemas políticos al gobierno, meter al Estado al mercado de capitales y precarizar las pensiones futuras no es tarea de la oposición. Es más, sería demencial hacerlo. ¿Por qué un acuerdo entonces? Mejor esperar el próximo gobierno y hacer una buena reforma.
Por Luis Larraín, presidente Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
