Un carabinero que haciendo uso de su arma de servicio hiere a un sujeto que lo ataca gozaría de una presunción de legítima defensa privilegiada. Así es el texto de la Ley Nain-Retamal, llamada así por los dos carabineros asesinados por delincuentes, que fuera aprobada por una amplia mayoría en la Cámara. El jueves, sin embargo, los comités de senadores no dieron unanimidad para tramitar de inmediato el proyecto, cuya votación se realizará en definitiva el próximo martes. El Ejecutivo presentaría una indicación para perfeccionar la norma. Se prolonga así la resistencia que el Frente Amplio y el Partido Comunista han mantenido contra la presunción de inocencia de las policías. Veinticuatro votos en contra y trece abstenciones, todos ellos provenientes de la izquierda, tuvo la norma aprobada por los diputados.
Esperamos que el perfeccionamiento sea tal y no un retroceso hacia la situación actual, en la que los policías no solo no gozan de una legítima defensa privilegiada, sino que están en desventaja frente a cualquier ciudadano pues normas administrativas del Ministerio Público (Circular 618) establecen una suerte de presunción de culpabilidad ya que los carabineros que se ven en esa situación no pueden ser beneficiados con salidas alternativas y son inmediatamente formalizados cuando ello ocurre y acusados de intento de homicidio.
Esta anómala situación, en la cual quienes supuestamente tienen el monopolio del uso de la fuerza en la práctica tienen una desventaja frente a delincuentes que la usan contra ellos, es un factor del aumento de la criminalidad en Chile. Los constantes baleos en las calles de nuestras ciudades, los portonazos y las encerronas enfrentan a delincuentes que usan sus armas sin inhibición con policías que pueden perder su vida, pero también su libertad y sus carreras como ha ocurrido con frecuencia, especialmente a partir del 18 de octubre de 2019. Desde esa fecha a los carabineros los denostaron, los acusaron falsamente y los delincuentes (especialmente los narcotraficantes) tomaron nota de ello y los atacan cobardemente.
El gobierno de Gabriel Boric ha fallado en la mantención del orden público. El año 2022 los homicidios aumentaron un 42%, las violaciones un 12%, los robos con violencia un 63%, los hurtos un 46% y el total de delitos un 45%. Todo Chile sabe que Boric y sus más cercanos no son inocentes en esta situación: fueron grandes provocadores de ella. La nueva pretensión de Boric de transformarse en una especie de sheriff se ve entonces ridícula. Para lograr credibilidad en esta materia, Apruebo Dignidad tendrá que ceder y las razonables disquisiciones teóricas de penalistas deberán atender al hecho que, en la práctica, en Chile los carabineros son los únicos ciudadanos que al usar sus armas contra una agresión externa se presumen culpables.
Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo
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