El fenómeno de vientos extremos vividos a comienzos de agosto en la zona centro-sur del país provocó la inesperada caída de árboles con cortes masivos en las redes de distribución de electricidad. En la Región Metropolitana más de un tercio de los 2,1 millones de clientes de Enel se vieron afectados. Tras esto y en medio de la crisis, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que producto de la emergencia sería más seguro para la ciudadanía “tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.
La participación del Estado en la distribución de energía eléctrica es algo que se debe considerar en su mérito. En particular, ver si como política pública resulta una herramienta adecuada, esto es, efectiva y eficiente respecto del objetivo buscado y, además, si tenemos y queremos gastar los recursos del Estado en eso.
A primera vista, hay que constatar que el sector eléctrico y la distribución son altamente normados y supervisados por el Estado. Tenemos el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) e incluso un ente coordinador, precisamente encargado de la seguridad del sistema eléctrico. Por lo tanto, mientras no exista un diagnóstico acabado que explique por qué se produjo una falla, incluida la fiscalización y control preventivo, malamente podríamos pensar en ampliar aún más la ya vasta estructura pública en el sector eléctrico. Revisar la orgánica del mercado eléctrico es una tarea que parece más prioritaria.
Con las reglas actuales, nada hace pensar que una empresa de distribución estatal hubiese hecho una diferencia en esta crisis. Es más, si la crisis afectase al área concesionada de la distribuidora estatal, ¿con qué celo veríamos a los reguladores aplicar sanciones e indemnizaciones a su empresa? Si el objetivo es aumentar la confiabilidad y capacidad de respuesta ante emergencias, una empresa estatal es una medida poco efectiva, a menos que se la subsidie para ese objetivo. La pregunta entonces es si ese subsidio no estaría mejor gastado de otra forma o para otro fin.
El ministro apoyó su propuesta dando el ejemplo de ENAP y su rol en la seguridad de abastecimiento de combustibles. Es un símil errado. En Chile, en la última quincena, no ha faltado generación eléctrica en ningún momento. Lo que falló es la conexión a los usuarios. Si no hay caminos, tampoco se podría abastecer a las estaciones (algo que vivimos el 27F, por ejemplo). Que Corea tenga una eléctrica estatal de desempeño razonable tampoco es sustantivo, dado que Sudáfrica y Cuba también lo tienen, y el desempeño es malo.
Por otro lado, la operación de una empresa pública en este ámbito presenta desafíos de diseño: definición de su gobernanza, financiamiento, reglas de no discriminación respecto de otros operadores no estatales y la interrelación con los reguladores -también parte del Estado- y con los cuales se podría dar una suerte de lobby privilegiado. No es fácil ser juez y parte.
Ante la crisis, proponer la estatización parece una respuesta refleja y poco meditada del ministro, tratando de imponer una solución en vez de remediar el problema. Antes que eso, sería recomendable tomar un tiempo prudente y evaluar cuáles fueron las causas de esta crisis. Así parecen haberlo entendido otras autoridades.
Es claro que nuestra regulación, ideada con el objetivo principal de dar cobertura, requiere reformas para incentivar la calidad de servicio, resiliencia y adaptarnos a los desafíos que vienen en mayor electrificación, electromovilidad y generación distribuida.
Por Luis Llanos, profesor de Ingeniería Industrial, U. de Chile
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