Columna de Luis Manuel Marcano: Secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, interrogantes y responsabilidades

Hace un año del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, un crimen claramente motivado por razones políticas. A medida que avanzan las investigaciones de la fiscalía chilena, se está comprobando lo que muchos sospechaban desde un inicio: este no fue un acto aislado de delincuencia común, sino una operación calculada con objetivos específicos. Entre los principales responsables, según diversas líneas de investigación, se encontraría Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen de Nicolás Maduro, junto con el conocido “carnicero de Maduro”, el oficial Granko Arteaga, cuyo aspecto rompe con la prolijidad que tradicionalmente caracterizó al ejército venezolano.

Más allá de identificar a los actores, surgen inquietantes dudas sobre la ejecución. ¿Por qué el vehículo utilizado para el secuestro se estacionó en un punto ciego, sin acceso a cámaras de seguridad? ¿Se fabricaron los uniformes de los falsos agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) o existió una filtración interna que facilitó su obtención? Estos detalles sugieren que la operación contó con un nivel de apoyo interno o complicidad que aún no ha sido plenamente esclarecido. ¿Hasta qué punto las investigaciones pueden llegar a desnudar los verdaderos nexos no solo con los miembros del Tren de Aragua, sino con estructuras ocultas dentro del propio sistema de seguridad chileno? Este es un aspecto fundamental que debe ser esclarecido, pues podría comprobarse la existencia de infiltraciones o complicidades internas.

Otra pieza clave en este entramado es la posible participación logística de Arévalo Méndez, ex embajador del régimen venezolano en Chile, y algún funcionario del Ministerio del Interior cercano a él. La dirección de Ojeda no era de dominio público, lo que sugiere filtraciones desde altos niveles de la administración. ¿Quién facilitó esta información? ¿Hubo un intercambio de favores entre agentes de inteligencia venezolanos y operativos chilenos? A todas luces, el Tren de Aragua solo fue un ejecutor de fuerza, pero hubo cabezas estratégicas detrás de esta operación.

Si se confirma la implicación de Granko Arteaga y Diosdado Cabello, funcionarios del gobierno venezolano, en este crimen, se plantea la cuestión de qué acciones, además de las de la Corte Penal Internacional, podrían tomarse.

La eficiencia y celeridad de este tribunal están en duda, lo que plantea la posibilidad de que un juez penal chileno, en uso de sus atribuciones y en virtud de la independencia judicial, invoque la jurisdicción universal para perseguir y juzgar a estos criminales de Estado que, además, son terroristas con apoyo del Tren de Aragua, recientemente designado por Estados Unidos como una banda criminal.

En Argentina, la jurisdicción universal ha permitido procesar crímenes de lesa humanidad, planteando si Chile pudiera seguir un camino similar. Aún quedan muchas incógnitas: ¿quiénes más participaron? ¿Qué sabían altos exfuncionarios de la PDI y el Ministerio del Interior? ¿Qué conversaron en Caracas Monsalve y su homólogo? Las respuestas no solo definirán la justicia para Ojeda, sino que probarán la resistencia institucional ante la infiltración y corrupción extranjera.

Por Luis Manuel Marcano Salazar, abogado y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.