Si bien TVN reconsideró la remoción del periodista Matías del Río de Estado Nacional, tras ser cuestionado por una integrante del directorio del canal público, el incidente -incluyendo las desafortunadas declaraciones de la presidenta del tribunal de ética del Colegio de Periodistas- da cuenta de un ambiente poco amigable para la libertad de expresión.
Las barras bravas digitales pugnan por imponer su agenda a los medios tradicionales, los que contribuyen en desiguales condiciones a mantener un espacio público donde el flujo informativo pueda circular sin algoritmos, los actores puedan expresarse libremente y todo se pueda contrastar en el espacio común. Este fenómeno de cancelación y desinformación, cobra en Chile especiales características y es alimentado desde un sector político que presume tener la verdad y la moral de su parte, haciendo gala de una nueva forma de desinformar, que es declarar falsa cualquier información no funcional a su causa.
El caso de la denuncia en contra de la periodista Mónica Pérez ante el CNTV, es un buen ejemplo de esta estrategia que consiste en calificar de fake cualquier crítica legítima al texto constitucional, utilizando como prueba, un extracto del propio texto como si eso fuera suficiente como argumento. La periodista dijo que “es muy importante que mejore la atención primaria de salud pues de aprobarse la nueva Constitución, todo el sistema de salud va a estar basado en eso (la red primaria…), todo el mundo va a tener que pedir hora en la atención primaria para luego ir avanzando en los distintos especialistas…”
El comentario fue bulliciosamente desmentido en la hoguera de las redes sociales y la periodista acusada ante el CNTV. Como prueba de la supuesta fake news, esgrimen el artículo 44 del borrador, que obviamente no dice literalmente lo aseverado por la periodista.
Veamos. Es evidente que el texto constitucional no se caracteriza por su precisión; más bien su lenguaje profusamente adjetivado y su terminología poco jurídica, da lugar a muchas interpretaciones. Lo que señaló la periodista no es una cita del texto sino una legítima interpretación de este. Es cierto que el artículo 44 N°7 dice que el sistema “podrá” estar integrado por prestadores públicos y privados, pero el 44 N°9 establece que todas las cotizaciones de salud irán a un fondo estatal. Es evidente que la mayoría de quienes hoy imponen en una Isapre no podrán seguir pagando un seguro de salud privado. Luego, tendrán que atenderse en el ya colapsado sistema público y efectivamente -de ser así- debieran partir por la red primaria.
La interpretación de Mónica Pérez es fundada y plausible, pero la técnica de “desmentirla” esgrimiendo un texto literal en contra de su interpretación, es una estratagema que hace imposible el debate honesto y leal de cara a la ciudadanía.
La desinhibida irrupción del gobierno en la campaña, desplegando publicidad, autoridades y funcionarios bajo el pretexto de difundir la nueva Constitución es especialmente funcional a esta estrategia, intelectualmente deshonesta y muy poco democrática.
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