En menos de un mes hemos debido lamentar el asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile que cumplían labores de servicio en diversas comunas de nuestro país, abatidos por delincuentes que, premunidos de poderosas armas de fuego, no trepidaron en darles muerte en la vía pública en medio de la indignación y del dolor de un país entero. Ciertamente, no estábamos acostumbrados a este nivel de violencia con resultados letales, con incrementos no vistos antes en el número y tasa de homicidios en Chile según cifras otorgadas por la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público en enero de este año 2023.
En medio de la grave situación de seguridad que estamos viviendo y del efecto en la percepción ciudadana, en las últimas semanas se ha desarrollado una nutrida actividad en materia legislativa, con una rápida tramitación de cuerpos legales que pretenden entregar mejores herramientas procesales e investigativas a los órganos de persecución penal, para los fines de responder con resultados más eficientes al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia violenta.
A través de dos de estos proyectos, que por diversos motivos hoy se encuentran en sede del Tribunal Constitucional, se amplían las facultades de comiso de especies y ganancias por parte de los agentes de persecución penal, se regula el comiso sin condena, comiso por equivalencia, la enajenación temprana de bienes y, como hecho inédito, se posibilita a través de uno de ellos, que parte de la realización de esos bienes, pueda llegar a unidades policiales o del Ministerio Público, que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales.
Asimismo, se sistematizan las técnicas especiales de investigación, agregándose a las ya conocidas interceptación o grabación de las comunicaciones, agentes encubiertos, reveladores, informantes o entregas vigiladas o controladas, normativa expresa sobre “el arrepentido” como técnica especial y una novedad investigativa para nuestra legislación procesal, consistente en el seguimiento remoto de equipos informáticos. Todo ello bajo el marco de dos tipos penales denominados asociación delictiva y asociación criminal con estricta regulación adicional sobre la protección de testigos, de informantes y de víctimas.
A todo lo anterior, se suman los acuerdos políticos logrados en el Congreso Nacional, para una rápida tramitación de la denominada Ley Nain–Retamal, que en lo principal modifica el Código Penal, entregando una presunción legal de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales o de las Fuerzas Armadas que en desempeño de funciones de orden o seguridad pública interior, repelen o impiden una agresión que pudiere afectar su vida o integridad física o las de un tercero, empleando armas o cualquier otro medio de defensa.
En medio del pesar de las familias de cada uno de estos funcionarios mártires de Carabineros y de la conmoción nacional derivada de estos hechos, la rápida tramitación legislativa de estos cuerpos legales constituye una buena noticia en el ámbito investigativo, que esperamos se traduzcan efectivamente en la disminución de la brecha entre homicidios consumados y esclarecidos y se obtenga una mejor respuesta de la persecución penal en relación a la criminalidad violenta en nuestro país.
Queda mucho por hacer y éstas sin duda no son leyes perfectas. Por de pronto, en una confusa decisión, en uno de estos proyectos, se incorporan elementos ajenos al objeto de mejora de la persecución penal, autorizando el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico, previa exhibición simple de una receta médica. Sin embargo, en general, las herramientas procesales e investigativas que cada uno de ellos contiene, permiten avizorar una respuesta más sólida del Estado en materia de investigación penal, que esperamos se traduzca en un retroceso de las actividades criminales más violentas y, por cierto, de la delincuencia organizada que nutre ese actuar.
El crimen organizado no reconoce fronteras, persigue exclusivamente incrementar sus ganancias y se aprovecha de nuestras divisiones, territoriales, sociales, culturales y políticas. Es hora de enfrentar unidos esta nueva y preocupante realidad.
Por Luis Toledo Ríos, Director Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO), Universidad San Sebastián
