Columna de Luis Vicente León: El dilema venezolano
El gobierno venezolano ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición. Es un acto violatorio de los derechos democráticos, pues su inhabilitación fue hecha sin juicio firme, ni notificación, ni derecho a la defensa y basada en una Ley de Contraloría que choca contra la propia Constitución.
Pero esta decisión no es una sorpresa. La posibilidad de que el gobierno la habilitara era nula por múltiples razones. La más importante es que no están dadas las condiciones para que Maduro asuma riesgos electorales y ella representa el máximo riesgo de unificación y participación de la oposición.
El costo de salida de Maduro es infinito, no sólo por las amenazas de sanciones personales impuestas por EE.UU., sino por los riesgos que correría en Venezuela y en el resto del mundo y que no son negociables a corto plazo.
Pero en adición, el costo de permanencia de Maduro parece moderado. No hay una amenaza creíble que ponga en riesgo su poder. La amenaza de eliminar las licencias petroleras es débil y contraproducente, pues no existe posibilidad de que Maduro arriesgue su poder y su cabeza por plata, mientras sí existe el riesgo de empeorar aún más las condiciones de vida de la población.
EE.UU. firmó los acuerdos con Maduro sabiendo que no habilitaría a Machado. Él se negó a hacerlo en Doha y Barbados, acuerdos que no contemplaron explícitamente esa habilitación. En ellos se establecieron otros compromisos: la liberación de los presos norteamericanos; el acuerdo migratorio, que permite la deportación de venezolanos ilegales (un asunto hipercrítico en la campaña electoral de ese país); las licencias energéticas, que no son una concesión unilateral a favor de Venezuela, sino un interés compartido entre ambos países, pues los cambios geopolíticos hacen necesaria la reinserción de Venezuela al mercado occidental, en el marco de la guerra en Ucrania y la conformación de los BRICS y, finalmente, la propia ejecución de las elecciones presidenciales, que podrían dejar de ser poco competitivas (como han sido hasta ahora), para ser nada competitivas o incluso no realizarse.
El dilema ya no es entre habilitación y licencias, sino entre esas licencias, hoy en riesgo, y todo el resto de los acuerdos avanzados, que se eliminarían de inmediato, en el marco de una potencial nicaragüización del país.
Un dilema mucho más complejo y peligroso que el aparente.
Por Luis Vicente León, analista político venezolano y presidente de Datanálisis.
