Todos los años la Dipres cita a un grupo de expertos independientes para estimar el PIB tendencial de la economía (aquel que se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano plazo) para el siguiente quinquenio. Esta estimación constituye el insumo principal en la elaboración del presupuesto nacional del año siguiente. Esto, porque a partir de este PIB se calculan los ingresos tributarios estructurales (aquellos que se recaudarían si la economía se hubiese ubicado en su trayectoria de mediano plazo), los que, a su vez, determinarán el límite al gasto público en el marco del cumplimiento de la regla de balance estructural.
Dado que esta metodología se ha utilizado por 20 años, desde el 2002, es posible observar cómo han cambiado sustancialmente las perspectivas de nuestra economía para el mediano plazo. Luego de estimar un crecimiento promedio en torno a 5% en el período 2005 y 2012, a partir del 2013 se observa una caída sostenida, año tras año, de estas perspectivas, hasta llegar a ubicarse en torno a 2% en 2022.
Públicamente se exige aumentar la recaudación a través de una reforma tributaria tremendamente exigente, sin embargo, parecen olvidar que el nivel de actividad económica tiene un impacto directo con este nivel de la recaudación. Aunque suene obvio, la recaudación resulta de la multiplicación de la tasa por la base del tributo. La tasa la fija la autoridad, pero la base se relaciona con el PIB (consumo, inversión, empleo, producción).
El propio ministro Marcel ha mencionado que la capacidad de la economía se ha reducido casi a la mitad en la última década, donde la caída en la productividad ha sido el principal responsable, seguida de una menor contribución de los otros factores, como el aporte del trabajo, que se ha ido reduciendo; la inversión ha mostrado una moderación significativa en su crecimiento desde 2012; la inversión pública dejó de crecer hacia 2010, mientras que ha declinado significativamente el peso de las concesiones de infraestructura; y así suma y sigue.
Parecen olvidar que por cada punto adicional de crecimiento se recaudarían entre US$ 600 a 800 millones adicionales. Por tanto, dejar de crecer cerca de 3 puntos implica dejar de recaudar en torno a US$ 2.000 millones el primer año, US$ 4.000 el segundo, y así sucesivamente.
Para revertir esta tendencia, la autoridad propone medidas desde la política pública, principalmente desde la redistribución, pero se le olvida que la torta se achica cuando los esfuerzos por redistribuirla anulan el incentivo a hacerla crecer: son los privados los que se arriesgan a invertir, los que deciden educarse y capacitarse, los que deciden contratar personal, los que deciden correr riesgos en la innovación y creación de valor, y los que finalmente pagan impuestos.
Por tanto, preocupa que el incentivo al mayor crecimiento sea en base a una mayor intervención del Estado, en base a gasto dirigido financiado con redistribución, y no en base al sector privado como motor del desarrollo.
Por Macarena García, economista senior de L y D
