Se ha generado una gran controversia en torno a los reales alcances de la incorporación del llamado “Estado social y democrático de derecho” (ESDD) en la nueva propuesta constitucional. No me deja de impresionar que, frente a un mismo texto, distintas fuerzas políticas deduzcan efectos tan contrapuestos. Los unos argumentan que su incorporación no es lo suficientemente potente, ya que la misma propuesta establece límites al ESDD al hacerlo compatible con los derechos y libertades fundamentales de las personas, con la provisión privada de los derechos sociales y con la responsabilidad fiscal. Los otros arguyen que su inclusión es demasiado potente y que pone en riesgo la responsabilidad fiscal y el rol subsidiario del Estado, el cual ha sido una de las bases del progreso económico y social de los últimos 30 años.
En el contexto de un ESDD, la nueva propuesta constitucional define al Estado como aquel que “reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. Sin embargo, el mismo texto establece a continuación, que “Las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento”.
La inclusión de ambos elementos me hace preguntarme qué tan innovadora será la orientación que la nueva Constitución, en caso de aprobarse, le dé al rol del Estado bajo el cumplimiento de estos preceptos. ¿Cuál de los dos lados de espectro político tendrá la razón? ¿Se justifican tantas aprensiones? Luego de mirar los datos mi respuesta es NO.
Me explico. Los datos oficiales muestran un aumento sustancial en el gasto público real, especialmente orientado a gasto social. En efecto, entre 1990 y 2021 el gasto público se multiplicó por 8, siendo que la población solo se multiplicó por 1,4. Por componentes, el gasto en salud se multiplicó por 16; en educación por 11; en protección del medio ambiente por 10; en protección social y en orden público por 9; en actividades recreativas y culturales por 8; y en vivienda por 7. Por otro lado, en los últimos 12 años los empleados públicos del gobierno central casi se duplicaron.
Si la percepción de (algunos de) la sociedad ha sido que el nuestro es un Estado ausente en materias asociadas a derechos sociales bajo la actual Constitución, claramente no ha sido por falta de recursos …y de personal…, sino porque la calidad de dichas prestaciones está lejos de multiplicarse por los mismos guarismos, la cual depende directamente de la calidad de las políticas públicas que apruebe el sector político.
Así las cosas, cabe preguntarse si no asistimos ya a un Estado Social de Derecho y si la controversia es ya estéril y extemporánea. ¿No será más atingente discutir sobre cómo debiera ser un sistema político que se traduzca en mejores políticas públicas?
Por Macarena García, economista senior Libertad y Desarrollo
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