La base de la moralidad tributaria en un contexto de pacto social requiere necesariamente que estos sean focalizados con justicia y eficiencia. De no cumplir con esta máxima, serán inmorales y con razón los ciudadanos legítimamente se rebelarán a su recaudación.
En Chile, una proporción menor de programas (sociales y no sociales) recibe un porcentaje mayor del gasto público asignado a éstos: de los cerca de 700 programas existentes, solo el 2% (15 programas) se lleva el 77% de este gasto.
Esto refleja que existe una importante fragmentación de la oferta programática. Un estudio de Libertad y Desarrollo muestra que gran parte de los programas son pequeños: del total monitoreado, 46% (322 programas) ejecuta menos de $2.000 millones anuales. Por esta gran fragmentación hay múltiples programas que atienden poblaciones y problemas similares, generando dudas sobre la eficacia a la hora de atender carencias. Adicionalmente, el 27% (159 programas) presenta alguna deficiencia en los criterios evaluados, destinándose a ellos US$14.121 millones (aprox. 4,5% del PIB).
Como complemento al monitoreo, la evaluación de los 170 programas (EPG) seleccionados desde el 2011 a la fecha, muestra que solo 4% de los recursos evaluados obtuvieron nota “buena”, 30% “suficiente” y el 67% restante “insuficiente”, por lo que 96% de los recursos públicos evaluados bajo esta modalidad se destinan a programas con algún grado de debilidad.
¿Qué hacer con esta información? ¿Nada? Argumentos a favor del inmovilismo sobran: que el programa es demasiado pequeño; que es demasiado grande; que está comprometido por ley permanente; que está bajo obligación contractual; que corresponde a inversión o gasto rígido; que lo “protege” el compromiso político, etc.
Producto de este inmovilismo es que hay problemas: el número de programas casi se duplicó entre 2012 y 2021; solo 15 de los 170 programas han sido evaluados en más de una ocasión y de estos 15 solo 2 han mostrado mejoras, 3 tuvieron una rebaja en su nota, 6 han mantenido su evaluación insuficiente y en 2 de ellos el último resultado es insuficiente luego de no poder evaluarse la primera vez; la antigüedad del programa no es sinónimo de madurez, ya que los evaluados insuficiente presentan una mayor antigüedad (13 años al momento de ser evaluados) que los bien evaluados (9 años).
Si los impuestos tienen por objeto alcanzar el bien común, evidentemente su cumplimiento puede erigirse al nivel de obligación moral. Pero también tenemos el deber moral de asegurarle a los chilenos que, tras el esfuerzo que hay tras el pago de impuestos, el gasto público sea eficiente y efectivo, tal como lo planteó el ministro Marcel, como principio para un pacto tributario: “Es una obligación del Estado hacer un uso transparente y eficiente de los recursos públicos”.
En el contexto de la reforma tributaria 2.0 esperamos una agenda agresiva desde la autoridad en este ámbito, entregándonos una propuesta de moralidad y eficiencia a toda prueba.
Por Macarena García, economista senior de L y D
