No hay frase más recurrente en una organización que refleje el entrañable amor al statu quo y la defensa irrestricta a una zona de confort que “es que siempre lo hemos hecho así”, y nuestras instituciones tanto públicas como privadas suelen pecar en ese sentido.
Asimismo, el mito que se ha instalado en Chile es que los problemas que nos impiden alcanzar un mejor nivel de vida son multicausales y se deben a que el Estado no quiere -o no puede- intervenir, por tanto, la única solución es aumentar la oferta programática gubernamental, incrementando así el gasto público.
Afortunadamente, la institucionalidad fiscal en Chile considera la realización de monitoreos y evaluaciones de sus programas en el contexto de cada Ley de Presupuestos, poniendo a prueba la eficacia y eficiencia de la oferta programática.
De acuerdo a un estudio de Libertad y Desarrollo, en el proceso de monitoreo de los 699 programas públicos existentes al 2022 -casi 50% más programas que en 2012-, en 159 de ellos se identifican deficiencias en alguno de los criterios monitoreados, cuyo financiamiento representa aproximadamente 4,5% del PIB. También se observa duplicidad de programas que atienden a la misma población.
Como complemento al monitoreo, la evaluación de los 170 programas gubernamentales (EPG) seleccionados desde 2011 a la fecha muestra que solo el 4% de los recursos evaluados obtuvieron una “buena” clasificación, 30% “suficiente” y el 67% restante “insuficiente”, reflejando que el 96% de los recursos públicos evaluados bajo esta modalidad se destinan a programas con distintos grados de debilidad. También se observa que la antigüedad del programa no es sinónimo de madurez, ya que los programas con una evaluación insuficiente presentan una mayor antigüedad (13 años al momento de ser evaluados) que los programas bien evaluados (9 años). Si bien por lo general se evalúan programas que existe la sospecha que deben ser fortalecidos, este resultado preocupa.
Una evaluación insatisfactoria debe ser una luz de alerta que genere acciones a implementar -las cuales ya se elaboran bajo la tutela de la Dipres-, así como también una nueva evaluación que determine el impacto en los beneficiarios una vez finalizada la reformulación. Lamentablemente, por lo general estas acciones no se llevan a cabo y el riesgo es que los programas continúen siendo deficientes aun después de los ajustes. Prueba de esto es que solo 15 de 170 han sido evaluados en más de una ocasión; y de estos, solo dos han mostrado mejoras en los resultados, tres han tenido una rebaja en su clasificación, seis han mantenido su evaluación insuficiente, y en dos de ellos el último resultado es insuficiente luego de no poder evaluarse la primera vez.
Estas evaluaciones muestran que el gasto público tiene un enorme espacio de mejora, con el fin de comprometer respuestas satisfactorias a las problemáticas de la ciudadanía.
Por Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo
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