Cada fin de año, al igual que en la canción de Camilo Sesto, concluye la negociación del reajuste de remuneraciones del sector público entre gobierno y la mesa del sector público, que lidera la CUT. Con o sin acuerdo, el gobierno envía un proyecto de ley al Congreso y, una vez aprobado, rige desde diciembre del mismo año hasta noviembre del siguiente.
Este reajuste solo afecta a salarios públicos, pero es de alto interés para el sector privado, ya que envía una potente señal en materia de expectativas de remuneraciones. Además, representa un gran esfuerzo para las finanzas públicas, por lo que termina financiando sueldos con recursos que podrían ser destinados a programas sociales, para los cuales el Ejecutivo solo considera aumento de impuestos.
Además del reajuste de remuneraciones, esta ley también incrementa asignaciones, beneficios y demás retribuciones para el personal público. Aun cuando en términos de costos fiscales, tanto remuneraciones como asignaciones y beneficios son relevantes (en promedio estos últimos representan en torno al 40% del costo de la negociación), inexplicablemente la discusión pública solo aborda el reajuste y no los múltiples beneficios.
Desde 2019 se han reajustado escalonadamente las remuneraciones públicas, beneficiando más las rentas más bajas. Este persistente esquema ha generado problemas que deben evitarse o corregirse: primero, ciertos cargos de menor rango (y menor responsabilidad) obtienen una remuneración superior a uno de mayor rango y responsabilidad, afectando la equidad vertical. Esto es hoy aún más probable, ya que el reajuste de remuneraciones menores fue elevado (12% por la alta inflación). Segundo, el Fisco pierde competitividad en atraer talentos desde el mundo privado en cargos de mayor jerarquía, con implicancias negativas en la excelencia y modernidad del Estado.
La evidencia internacional tiende a mostrar una brecha salarial en favor de los empleados públicos; sin embargo, en el caso de aquellos más calificados y de mayores ingresos, es al revés, puesto que sufren un castigo salarial respecto a su contraparte privada.
Esta tensión se puede resolver atrayendo personas de menores ingresos, afectando la gestión pública, o bien aumentando la competitividad de dichos cargos a través de, por ejemplo, sobresueldos, al puro estilo MOP-Gate, uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, cuando se supo que ciertos funcionarios del Estado recibían un “adicional” en sobres con efectivo.
La única y gran reforma en la materia, que aumentó considerablemente el sueldo de autoridades y funcionarios públicos, creó el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, e instaló un mecanismo de selección basado en el mérito para directores de servicios y su plana profesional de segunda línea.
La modernización del Estado es una demanda ciudadana, en la que los funcionarios públicos juegan un rol clave. Por ello, debe volverse un empleador competitivo, entregando similares posibilidades de desarrollo y crecimiento que el mundo privado.
Por Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo
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