Columna de Macarena García: Tragedia de los comunes y la sostenibilidad

Se describe como la “Tragedia de los Comunes” lo que pasa cuando varios sujetos, que actúan de forma independiente y por interés personal, sobreexplotan y destruyen un recurso común necesario para todos, incluso si a largo o a mediano plazo ¡todos se ven perjudicados!

A pesar de la obviedad e importancia transversal de este principio, cada año surge sucesivamente en la discusión en particular sobre las partidas en el Presupuesto de la Nación y sus programas, porque “donde hay una necesidad nace un derecho”. Esta repetida y popular monserga, acuñada por Eva Perón en Argentina, constituye un imposible, puesto que las necesidades ciudadanas son ilimitadas y los recursos fiscales siempre escasos (el simple hecho de necesitar no genera la capacidad material de proveer).

¿Por qué se tiende a adoptar esta postura? Porque en la discusión parlamentaria sobre el uso de los recursos públicos se generan incentivos perversos: el Congreso, al tener una representación distrital, tiende a enfocarse en problemáticas específicas, generándose las condiciones adecuadas para la tragedia de los comunes. En las finanzas públicas, cada parlamentario tiene los incentivos necesarios para hacer concesiones y asignar legislativamente gasto público como beneficio a sus electores, para maximizar su opción de reelección, aun a costa de generar un problema de sostenibilidad fiscal, restringiendo políticas sociales y perjudicando a quienes dependen de ellas.

Por otra parte, entendemos como sostenibilidad fiscal la capacidad que tiene el Estado para pagar su deuda en los plazos comprometidos sin tener que hacer un ajuste abrupto; entendiendo este ajuste abrupto como no pagar la deuda contraída o cortar gastos en forma generalizada. En este contexto, la sostenibilidad fiscal no debe interpretarse como “limitación de derechos sociales”, como algunos parlamentarios han mencionado en la discusión, sino que, muy por el contrario, esta sostenibilidad es vital justamente para poder financiarlos sostenida y establemente en el tiempo. Es urgente volver a una senda de responsabilidad fiscal y, sin duda, el CFA ha sido elemento fundamental en este vuelco en las preocupaciones de varios de los parlamentarios.

Entre los diversos beneficios que se generan están la menor volatilidad económica, una inflación baja y estable, acceso a mejores condiciones de endeudamiento, mayor capacidad de reacción de la política fiscal ante emergencias, estabilidad y aumento del gasto social, que permite financiar de manera sostenible y sin retrocesos las demandas sociales y que evita que las futuras generaciones enfrenten una excesiva carga fiscal producto de deuda contraída por las generaciones anteriores. Por tanto, la sostenibilidad fiscal debe estar presente cualquiera sea la dimensión del Estado y su configuración. Así, ella no solo es beneficiosa para el país en su conjunto, sino que también para cada ciudadano, especialmente los más vulnerables.

Por Macarena García, economista senior de LyD