La década de estancamiento en que estamos los chilenos ha evidenciado lo indispensable -mas no suficiente- que es el crecimiento sostenido para mejorar la calidad de vida. Esto no invalida que haya cuidados paliativos a implementar, como ayudas sociales, pero en general estos paliativos “solo mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, pero se ofrecen con o sin intención de curar la enfermedad”.
Crecer sostenidamente requiere de inversión y frente a la pregunta de si debe ser pública o privada la respuesta es… ¡ambas! Vamos por parte. La privada, si es gasto en maquinaria, equipo o construcción, amplía la capacidad de la economía de crear riqueza, que luego se distribuirá en la forma que la sociedad acuerde. La pública —si es gasto en carreteras, aeropuertos o puertos— aumenta la productividad del sector privado o —si es gasto en salud y educación— mejora la productividad laboral, generando más y mejores puestos de trabajo. Por tanto, ambas inversiones son complementarias, no sustitutas.
No deja de sorprender un fenómeno que se repite año a año a vista y paciencia de todos: en la tramitación de la Ley de Presupuestos el gobierno de turno promete una inversión pública elevada para el año siguiente, mientras la otra parte (el Congreso) le cree a pie juntilla, aprobándola. Todo bien hasta 2010, porque desde 2011 en adelante, la inversión pública efectivamente ejecutada ha sido invariablemente menor a la comprometida (solo exceptuando el 2014) por un promedio de 8% anual.
Lamentablemente el 2023 no será la excepción: con datos hasta noviembre, a solo un mes para el fin del año, el avance de la inversión pública solo alcanzó al 65% del presupuesto, similar al de igual mes del 2022 (64,5%), año en el que se observó el menor avance desde que existe información mensual (2005), donde la autoridad justificó dicho retraso por aumentos excesivos de costos.
Del gasto a noviembre destaca el reducido avance de la inversión en Salud (46%), OOPP (56%) y Educación (57%). Los otros ministerios tampoco lo hacen muy bien: Interior (73%), Vivienda (84%) y resto (66%). Todas postergaciones de inversiones focalizadas precisamente en los más vulnerables. ¿Sabía usted que entre 2011 y 2022 el gasto en Educación se subejecutó en -19% promedio anual, Salud en -14%, Interior en -7% y resto en -23%? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas prioridades?
¿Qué explica la persistente subejecución del gasto en inversión pública? La evidencia internacional indica que esta situación se da en países subdesarrollados por razones políticas, al no poder (o no querer) reducir otros gastos menos productivos (políticamente hablando), como subsidios y otras prebendas, para contar con los recursos necesarios para financiar la inversión.
Es fundamental exigir a las distintas autoridades fijar prioridades genuinas y ser más rigurosos al fiscalizar la ejecución de los gastos comprometidos; de lo contrario, seguiremos viviendo solo con paliativos.
Por Macarena García, economista senior LyD
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