Columna de Macarena García: ¿Y quién pagará la cuenta?
La Constitución vigente establece que el Estado de Chile es unitario, que el Presidente de la República tiene la responsabilidad de la gestión presupuestaria del Estado y que se promueva el desarrollo equitativo y solidario de los territorios. Lo poco ambiguo de estos mandatos contrasta con nuestra realidad: vamos a cumplir 15 años de déficit fiscal, que ha generado un crecimiento acelerado de la deuda pública, junto con un desarrollo dispar entre regiones y localidades.
La descentralización es una herramienta potente para aumentar la eficiencia del Estado en su capacidad de detectar problemas y entregar soluciones más adecuadas a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, nuestro proceso de descentralización no ha logrado reducir satisfactoriamente las brechas económicas y sociales entre los distintos territorios, en parte por la toma centralizada de las decisiones de inversión regional.
Pero no basta solo con acercar las decisiones a las localidades. Este proceso debe darse en un contexto de cuentas fiscales sostenibles. Ambos elementos buscan ser recogidos en el proyecto de ley de fortalecimiento de las regiones que ingresó el gobierno al Congreso. Uno de los elementos más controvertidos es que permite a los gobiernos regionales (GORE) endeudarse. Considerando nuestra propia historia de uso de recursos públicos, esta nueva facultad genera más dudas que certezas respecto de la real sostenibilidad de las finanzas públicas.
¿Cómo podrá el gobierno central asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Serán capaces los GORE de ahorrar para pagar sus obligaciones? ¿Cómo se eliminan los incentivos a endeudarse y traspasar la carga financiera a la próxima administración, tal como ocurre en muchos municipios? Si se estableciera un límite a la deuda, ¿cómo se elimina el incentivo a los GORE de copar el espacio de endeudamiento, generando presiones a aumentarlo en caso de una crisis? Dado que el límite prudente de deuda de 45% del PIB rige para el gobierno como un todo, ¿estará dispuesto el gobierno central a reducir su nivel de deuda para dejar espacio a los GORE? Cuando un GORE no pueda cumplir con sus obligaciones, ¿el gobierno central dejará que quiebre o se declare en insolvencia? ¿Cómo evitará que estas deudas se transformen en pasivos contingentes? Para establecer un nivel adecuado de deuda para los GORE será fundamental realizar una programación financiera a mediano plazo, sin embargo, los GORE han mostrado tener deficiencias en la gestión de recursos reflejada en una mala ejecución presupuestaria. Una muestra de ello es que en diciembre de 2022 estos ejecutaron en promedio el 32% de sus presupuestos anuales. ¿Por qué no esperamos que primero desarrollen sus competencias financieras y después evaluamos otorgarles acceso a endeudamiento?
Habrá que ver quién será el responsable final de la deuda, el gobierno regional o el central, ya que como bien dijo el célebre economista John Maynard Keynes, “Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo”.
Por Macarena García, economista senior, Libertad y Desarrollo
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