Columna de Macarena Ibarra y María Isabel López: El patrimonio en cifras a siete años de la creación del ministerio

A propósito de la tercera versión del anuario realizado por la Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas , las Artes y el Patrimonio (Mincap), y que da cuenta del estado del patrimonio cultural en Chile desde la gestión institucional del Estado, parece pertinente destacar algunas cifras y relevar algunos desafíos en términos de su protección y reconocimiento, de su financiamiento y del rol de sus comunidades en los diversos territorios. Este balance resulta, además, especialmente significativo cuando el próximo 28 de febrero se cumplirán siete años desde el decreto que aprobara la implementación de este ministerio.

Con respecto a la gestión y protección del patrimonio cultural resulta interesante destacar los avances del Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2021-2026, coordinado por dicha subsecretaría. Este plan se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: recuperación de espacios públicos; reactivación económica y trabajo; memoria histórica y derechos humanos; y educación patrimonial. Se trata de dimensiones que además de explicitar la actual mirada -más integral y holística- de la noción de patrimonio, reconoce su rol no sólo a través de la conservación de monumentos nacionales, sino que también mediante su contribución a la sociedad al fortalecer los vínculos comunitarios, la cohesión social, la consciencia social y ambiental, el respeto por la interculturalidad y el resguardo de las identidades colectivas.

El mencionado plan, hacia el año 2023, registraba 34 acciones finalizadas, 97 en implementación y 2 no iniciadas; considerando la participación de un total de 17 instituciones. En tal sentido, resulta un interesante intento de articular una serie de instituciones públicas en torno a objetivos específicos; dentro de un contexto institucional caracterizado, históricamente, por la escasa articulación intersectorial. Se integraron así entidades usualmente no relacionadas con el ámbito patrimonial o para las cuales este ámbito no era el foco de su agenda, tales como las subsecretarías de Agricultura, Obras Públicas, de Minería y de Economía, entre otras. Reviste particular importancia, la inclusión de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el plan, aspecto que obedece a la relativamente reciente inclusión de los Sitios de Memoria como categoría de protección patrimonial, aunque a través de la normativa vigente y bajo las figuras de monumento histórico y de zona típica.

En cuanto al financiamiento, de los cinco fondos que dispone el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el más relevante en términos del número de proyectos y de monto de los recursos fue entre 2019 y el 2023, el Fondo de Patrimonio Cultural, destinado a la gestión del patrimonio tangible -identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición, y salvaguardia- y el de educación del patrimonio material e inmaterial. A partir del año 2021, comenzó a implementarse el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales; el cual se tornó como el segundo en importancia. Es más, el año 2023 ambos fondos en conjunto se adjudicaron un 62% del total de recursos de la cartera. Esta es una señal positiva de la importancia que la institucionalidad está concediendo tanto a la gestión integral del patrimonio, como a las organizaciones sociales en tanto actores claves en este mismo ámbito. Tal reconocimiento resulta consistente con el significativo aumento de la participación de organizaciones sociales en hitos claves del patrimonio, que van desde su participación en las declaratorias hasta su interés por participar en su gestión. No es coincidencia, en este sentido, que se incrementara en los programas del Día de los Patrimonios, la participación de 812 organizaciones en el año 2019 a más de 1.300, en el año 2023.

Todo balance requiere de análisis y si bien podemos confirmar que hoy la preocupación por los patrimonios se plantea a nivel institucional de una manera más articulada -mientras espera con urgencia completar la tramitación de una ley que incorpore los temas pendientes-, es también posible plantear desafíos. Entre ellos fortalecer la participación de las comunidades y la educación patrimonial integrándolas en la gestión de los patrimonios; y, en segundo lugar, que el creciente despliegue en los diversos territorios iniciativas locales que puedan articularse a nivel nacional con el fin de generar sinergias con beneficios sociales en el largo plazo.

Por María Isabel López, UBB y Macarena Ibarra, UC, Investigadoras Núcleo Milenio Patrimonios, NupatS.