La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano fundamental, pero en los últimos tiempos se ha enfrentado a importantes desafíos en todo el mundo. La pandemia de COVID-19, los conflictos geopolíticos, las crisis económicas y el surgimiento de autócratas, han desviado la atención y los recursos para abordar las violaciones de este derecho humano fundamental.
Las minorías religiosas han sido particularmente vulneradas, enfrentando discriminación, persecución y violencia, con poca respuesta internacional.
De hecho, en 61 países, donde viven 4.900 millones de personas, la discriminación y la persecución contra las minorías religiosas son evidentes. Dentro de esas naciones, en 33 se reportan altos niveles de discriminación religiosa y en 28 (la mitad en África) de persecución, a través de represión, vigilancia, obstáculos electorales y ataques de actores estatales y no estatales contra las minorías religiosas.
Esta es una de las principales conclusiones de la reciente publicación del Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2023, realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), y en donde se analiza el respeto a este derecho en 196 países y para todas las religiones, entre enero de 2021 y diciembre de 2022.
En el caso de la cultura occidental, el estudio pone una voz de alerta ante la creciente ola de nuevas normas y conceptos antropológicos que se invocan como derechos humanos, basados en los valores de tolerancia e igualdad. Esto configura una “cultura de la cancelación” y “discurso forzado”, con una fuerte presión social para ajustarse a las tendencias ideológicas del momento. Incluso, en algunos casos, se han introducido leyes, como la incitación al odio, para hacer cumplir legalmente estos conceptos como nuevos derechos.
Estas imposiciones afectan a las personas cuyas creencias religiosas o morales disienten de las nuevas normas. Quienes, siendo o no religiosos, están en desacuerdo, se enfrentan a la autocensura. Mantenerse fiel a su pensamiento, conciencia o creencia religiosa y a su expresión, conlleva el riesgo de ser “cancelado” y, en algunos casos, sancionado.
El derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está amenazado como nunca antes. Algo preocupante, ya que la capacidad de ejercerlo es el sello distintivo de cualquier sociedad verdaderamente libre y justa. Si este derecho no se respeta, se restringen también otras libertades, como la de expresión, reunión, asociación, entre otras.
Pedir el respeto y la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión no significa implorar privilegios ni concesiones de un Estado, sino sentar las bases para desarrollar una sociedad democrática e inclusiva. En momentos en que se escribe una nueva Constitución para Chile, no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad.
Magdalena Lira Valdés, directora de ACN Chile y vocera de Voces Católicas.
