La educación se ha transformado en los últimos años en un campo de batallas ideológicas. A esto se suman diagnósticos erróneos o sesgados, y una creciente desconfianza, que han dado lugar a una serie de reformas cuyo diseño hoy es seriamente discutido, con profundos problemas de implementación y que han tenido como resultado un sistema educativo estancado, que no vislumbra mejoras en la calidad de los aprendizajes. Hoy tenemos un sistema que destruyó el sentido del mérito, que hace caso omiso a la instrumentalización política de las escuelas, y que terminó por derrumbar los proyectos de excelencia de la educación pública.
Para dar una solución hay que tener claro que las escuelas no resisten más de esas enormes reformas o contrarreformas. Ya no hay cabida para grandes planificaciones educacionales que pretendan transformar y modelar el sistema desde arriba, que disponen instrumentos y estructuras administrativas perfectas en el papel y ganadoras de premios Nobel, pero que poco comprenden de las relaciones entre las escuelas, los estudiantes y sus padres.
No son las grandes reformas las que permiten la mejora de los aprendizajes, como si acaso fuera posible simplemente decretarlo por ley, y sin embargo, esta es la principal urgencia de la cual debemos ocuparnos. En eso tienen razón aquellos académicos que hace unas semanas criticaban que no era el SAE la principal preocupación que debiéramos atender. Tampoco lo era hace 10 años atrás.
Con todo, hoy la realidad es que las dos grandes reformas de Bachelet hacen agua. Por un lado, la desmunicipalización porque su diseño no fue capaz de prever los complejos problemas que representaría para las propias escuelas un cambio estructural de esa envergadura, y, por otro, la Ley de Inclusión, que junto a eliminar el mérito en la educación, limitó desde arriba el crecimiento del propio sistema, forzando a que la recuperación de la educación pública fuera a costa de poner barreras a los privados en vez de realmente buscar fortalecerla.
Ahora bien, los problemas de estas grandes reformas, no se resuelven simplemente volviendo atrás -como si acaso ello fuera posible- . Terminar el SAE no aumentará la cantidad de colegios preferidos por los padres: la cruda realidad es que son solo unos pocos aquellos que los padres consideran seguros y donde sus hijos pueden aprender. Sin embargo, reevaluar el valor valorar del mérito, y derribar las barreras que impiden la creación de nuevas escuelas particulares subvencionadas y que hoy son parte del problema de la falta de oferta, sí son mejoras necesarias que gradualmente pueden volver a implementarse.
Tampoco se resuelve el problema de la desmunicipalización, volviendo a municipalizar. ¿No eran acaso los municipios fuente del problema? Las grandes ingenierías administrativas no resolvieron, ni lograrán resolver ahora los problemas que aquejan a los Servicios Locales de Educación y los municipios. Se necesitan cambios que permitan resolver los nudos de la nueva educación pública, al tiempo que permitan también a las escuelas mejorar los aprendizajes, lo cual en parte pasa por desburocratizar y flexibilizar, pero las propuestas que hasta ahora hemos visto por parte del Mineduc son insuficientes. ¿O acaso se piensa que crear un comité de ministros o una dirección regional son la solución a la burocracia y rigidez de la NEP?
Para que los cambios sean desde abajo hacia arriba, y tal como señaló recientemente el informe McKinsey, el foco debe ponerse en la sala de clases. Todo lo que exista por sobre las escuelas debe ser para permitir el aprendizaje. Dejemos de discutir sobre transformar las superestructuras que agobian al sistema educativo y volvamos a confiar en las escuelas, tan vilipendiadas por las leyes, y a otorgarles la autonomía y capacidad de decisión. Estas son las que mejor conocen las necesidades de sus propios estudiantes y comunidades.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios, IdeaPaís
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.