El anuncio que el alcalde de Tiltil realizó la semana pasada, sobre cerrar nueve colegios, dejando a más de dos mil estudiantes en la calle debido a las deudas contraídas, evidencia los graves problemas de gestión y administración de las escuelas públicas, que se conocen desde hace tiempo, siendo objeto de diversas discusiones y mesas de expertos. Pero, sobre todo, esconde también un problema político relevante.
Uno de los grandes problemas de los municipios, tiene que ver con la precaria administración y falta de profesionalismo en la toma de decisiones que afecta la gestión educacional, la cual, además sujeta al vaivén electoral, queda al alero del cortoplacismo y el rédito político. Sin embargo, los problemas que genera la mala gestión se acrecientan cuando parece ser que nadie fiscaliza a los municipios. De lo contrario, ¿cómo es posible que una municipalidad se endeude en millones de pesos sin pagar los sueldos de sus profesores?
Algunos descansan en la solución que presenta la desmunicipalización, reforma que crea la Nueva Educación Pública y que busca precisamente hacerse cargo de los evidentes problemas de los municipios. Sin embargo, una vez comenzada su implementación, ha quedado claro que estos problemas son más complejos y no se acaban simplemente con un cambio de administrador, a tal punto que hoy esta política se encuentra paralizada y con enormes desafíos por solucionar.
Entre estos problemas, que van más allá de la gestión municipal- y son la madre del cordero en gran parte de este drama-, es la excesiva regulación que ahoga al sistema educativo. Aquí encontramos desde los engorrosos informes que deben rendir las escuelas ante las exigencias de la Superintendencia, la burocrática y a ratos incomprensible rendición de la Subvención Escolar Preferencial -que explica su subutilización a pesar de las demandas por mayores recursos-, y, por otro lado, el candado del Estatuto Docente que hace inamovible a los profesores a pesar de la disminución permanente de matrícula de los colegios públicos, circunstancia que hace cada vez más insostenible la educación pública.
Esta realidad, que sin duda requiere de soluciones para cada uno de estos casos, deja a ratos de soslayo el problema político que está detrás, y que impide poder hacerse cargo de forma efectiva de estos dramas. ¿Cómo puede ser que profesores deban ir a paro para exigir el pago de sus remuneraciones? ¿Cuándo se volvió normal usar a los estudiantes como rehenes de su educación, para que se activen los mecanismos de solución? ¿Hasta dónde los intereses particulares seguirán siendo más relevantes que el interés superior de los niños?
Lamentablemente, hace un buen tiempo los estudiantes dejaron de ser la prioridad del sistema educativo. De lo contrario hace rato se habrían dejado de considerar los intereses de ciertos grupos antes que el de los escolares. Seríamos capaces de afrontar los problemas de frente, a pesar de que requieran decisiones difíciles y poco atractivas, como es el despido de funcionarios o profesores cuando sea necesario. Sobre todo, no habríamos esperado a que un alcalde anuncie el cierre de escuelas, para preocuparnos por los más de dos mil estudiantes que llevan meses sin ir a clases debido al paro de sus profesores debido a que no se les ha pagado su salario.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios de IdeaPaís
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