Parte de la manera de hacer política de la nueva izquierda chilena -influenciada por corrientes posmodernas- es la resignificación de conceptos, dándoles contenidos vagos y amplios, difíciles de entender. Este es un recurso muy útil para fines retóricos, pero no así a la hora de diseñar políticas públicas, pues afecta la necesaria certeza para orientarla, lo que al final del día complejiza su implementación. Lamentablemente no es algo que parezca preocupar al gobierno.
Buen ejemplo de ello es el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Cuidados. El Ejecutivo no se contentó con dar solución a los problemas levantados por las cuidadoras y, ambiciosamente, plantea una reorganización de las relaciones de cuidado y una resignificación del concepto de “persona dependiente”, diferente al de la OMS y a nuestra actual normativa.
La “persona dependiente” ya no sería quien requiera de apoyos para realizar sus actividades diarias, como bañarse o comer, sino toda persona que no tenga autonomía plena para controlar y tomar decisiones respecto de su vida. Este cambio modifica por completo el sentido del sistema de cuidado y afecta enormemente su posibilidad de implementación.
Por una parte, diluye quiénes serían los destinatarios de las prestaciones o el objetivo concreto de la política de cuidado. Ello no solo afecta la posibilidad de pensar prestaciones para las necesidades específicas de quienes lo requieren, sino que además no soluciona los problemas evidenciados que incluso se enuncian en el mensaje del proyecto y arriesga agudizarlos.
Además, el concepto de “plena autonomía” carece de toda definición, y por lo mismo da pie para introducir una serie de cuestiones - profundamente discutidas- que poco tienen que ver con el que era el objetivo principal de un sistema de cuidados: otorgar el debido apoyo en las labores de cuidado de personas dependientes funcionales. En efecto, surgen dudas respecto del rol que tendrá el Estado ante el derecho de los padres de educar a sus hijos, cuál es el alcance de un sistema que entre sus objetivos tiene promover la autonomía y vida independiente; y qué tipo de programas se diseñarán para ello. Así también, cómo conversa esta nueva política que busca “propender a la creación de las condiciones político-institucionales que fomenten una nueva organización social del cuidado” con las obligaciones que establece el Código Civil que surgen de las relaciones de parentesco. Tal como se plantea la propuesta, incluso obligaciones como el deber de alimento del padre a su hijo carecería de fundamento.
Es de esperar que nuestros parlamentarios sepan frenar a tiempo este tipo de políticas con afanes de reingeniería social, para buscar abordar adecuadamente un problema que nos urge: la crisis de cuidados que afecta a las familias chilenas.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios IdeaPaís
