Conforme al reciente informe del PNUD -que, sin duda, ha dado de qué hablar- 9 de cada 10 personas en Chile desean que las cosas cambien. Considerando la situación del país, esto no es de extrañar. Ahora la pregunta que debemos hacernos es ¿cuáles son esos ansiados cambios?
Uno de los grandes hallazgos del informe tiene que ver con que mayoritariamente los ciudadanos prefieren cambios graduales, con certezas y seguridades. Se quieren cambios, pero no a cualquier costo. Sino aquellos que realmente den garantías de soluciones efectivas a los problemas cotidianos que viven las personas. Precisamente, esta falta de seguridad -en el sentido amplio de la palabra- es lo que la ciudadanía rechazó hace dos años, y que la Convención no fue capaz de comprender.
Por tanto, resulta preocupante que -conforme a los datos que levanta el PNUD- la élite política no sopese los costos en pos de conseguir los cambios que quieren. En efecto, habría una mayor disposición de su parte que la misma ciudadanía a que los cambios tarden más, generen mayor inestabilidad o, incluso, ralenticen el crecimiento económico. Cambios que, por lo demás, no están alineados con lo que espera la ciudadanía. Más interesante resulta observar que la muestra de quienes conforman la élite política en el informe, se encuentra mayoritariamente representada por la izquierda, con un 69% de los entrevistados.
Ciertamente, esta mirada responde a un problema de fondo del progresismo, y es que cuando se sabe estar del lado correcto de la historia, los costos que se deban incurrir para llegar a ellos deben ser aceptados. No importa la vuelta larga, que un par de generaciones sufran los efectos de reformas mal implementadas con tal de lograr el objetivo. A lo anterior le subyace entonces una pregunta clave: ¿es realmente el objetivo de esa élite progresista dar solución a las demandas sociales o se trata simplemente de ganar su batalla cultural?
Pregunta que surge al constatar, por ejemplo, el abandono de los damnificados de Valparaíso desde que dejaron de ser noticia, o al revisar el proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados el cual más que buscar resolver los problemas identificados por las propias cuidadoras, busca la “reorganización social” de los cuidados que tanto anhelan. O que en educación preocupe más eliminar el CAE, o generar mayor burocracia protocolar en las escuelas, que la crisis de rezago en los aprendizajes que vivimos.
Declaraciones como las del exconvencional Jaime Bassa, en su entrevista en este medio, no hacen más que confirmar estos temores. Y es que, en definitiva, a dos años del rechazo, parte importante de la izquierda sigue pensando que son las grandes transformaciones el camino, que solo es cosa de tiempo -echando a su molino una tergiversada interpretación de la gradualidad-, soslayando la relevancia que tiene la estabilidad y seguridad para cualquier proyecto y horizonte futuro.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios IdeaPaís
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