El anuncio del Plan de Reactivación Educativa no puede sino mirarse con buenos ojos frente a la crisis educativa que enfrentamos. Luego de 10 meses con una agenda ambigua por parte del Mineduc, donde las prioridades no se centraron en las urgencias y desafíos post pandemia, es positivo que por fin se priorice y se definan medidas concretas para ello.
El plan contempla cuatro grandes medidas: la ampliación del programa de convivencia y salud mental, una estrategia para el rezago escolar, desplegar equipos en los territorios para abordar la deserción y la creación de un Consejo Asesor. En general, son medidas que apuntan a ampliar programas ya existentes, pero que van en una dirección correcta. Es especialmente positivo que se haya definido un foco específico en la lectura, dada la evidencia de las consecuencias que ello tiene para el desarrollo de los niños y las dramáticas cifras que muestran que uno de cada dos niños en segundo básico no sabe leer ni escribir.
Con todo, el plan tiene desafíos importantes. Por una parte, no se ha entregado mayor claridad sobre la concreción de cada una de las medidas, cómo se implementarán o cuáles son los recursos asignados para su ejecución. No conocemos aún, por ejemplo, cuál será el trabajo concreto que deberán realizar los 1.300 profesionales que se desplegarán por el territorio, si será más bien diagnóstico logrando identificar la situación del niño y su familia o deberán también buscar la revinculación del niño con la escuela. En cualquier caso se trata de labores complejísimas, que requieren de un amplio despliegue, coordinación y especialidad, con capacidad de adaptarse a las particularidades y circunstancias de cada territorio, y cada familia. Así mismo respecto del plan de tutores. A pesar de que se trata de programas que cuentan con evidencia respecto de su impacto, es importante que tengan objetivos claros, protocolos de trabajo, apoyo profesional y que se trate de personas idóneas. Una buena medida es que sean estudiantes de pedagogía que estén cursando sus últimos años o profesores retirados.
Por otro lado, falta información para que el trabajo sea efectivo y llegar a aquellos lugares donde más se necesita apoyo. Para lograr esto serán clave los resultados del Simce rendido en 2022, que nos permitirá conocer con mayor certeza la realidad del sistema escolar. De igual manera, dado que muchas de las medidas son de continuidad, sería positivo que el Ministerio de Educación entregue una evaluación de cada uno de los programas que se han realizado, para conocer su impacto, problemas de ejecución y las posibles mejoras que requieran, así como también comunicar con mayor transparencia la información con la que se cuenta respecto del funcionamiento de las escuelas post pandemia. Para estos efectos, el Consejo podría realizar una buena labor entregando recomendaciones concretas frente a los resultados ya obtenidos durante el 2022, de manera que no esperemos hasta finalizar el semestre para rectificar el rumbo.
Un último punto es el alcance de los anuncios. Se requieren medidas más robustas y con más recursos asociados para poder llegar a una mayor cantidad de estudiantes y escuelas. Se anuncia que se espera llegar a 80 mil estudiantes con apoyo de tutores, lo que representa solo el 2,5 % de la matrícula del sistema estatal y particular subvencionado.
Es de esperar que antes de comenzar el año escolar se tengan más definiciones para la correcta implementación de estas medidas y avanzar de forma colaborativa para reactivar la educación de nuestro país, sin perder el foco de lo más importante: el aprendizaje de nuestros niños y niñas.
Por Magdalena Vergara, directora de Estudios de IdeaPaís
