Estas semanas, el Presidente anunció la creación de una Comisión Asesora Presidencial para esclarecer las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el Sename, Mejor Niñez y el Centro de Reinserción, entre 1979 y 2021. Tal como revelaron las comisiones investigadoras entre 2014 y 2017, durante esos años hubo negligencias, maltratos, y vulneraciones que cobraron vidas de menores y evidenciaron un escandaloso fracaso del Estado.
Si bien la reparación es fundamental, preocupa la falta de determinación para detener las vulneraciones que siguen ocurriendo hoy. El informe N°5 de la Defensoría de la Niñez (diciembre 2024) observa que entre el 2021 y el 2023 los casos de vulneración aumentaron un 122%, un dato trágico, pero más trágico es la inacción del Estado. Hoy miles de niños vulnerados esperan ser atendidos por el sistema, mientras que otros viven hacinados en residencias. En efecto, el 57% de estos centros opera al límite o sobre capacidad, y frente esta realidad hay un silencio pasmoso. ¿Cómo extrañarse de que los casos de vulneración hayan aumentado un 89% en las residencias, lo que principalmente se explica por agresiones entre pares?
Por su parte, las Oficinas Locales de la Niñez –encargadas a nivel local de la promoción, protección y prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones de NNA– han tenido una implementación tardía. Muchas de ellas aún no están operativas. A esto se suma el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), sin que se haya cumplido la promesa de generar una nueva oferta residencial. Además, en 2023 se cerraron 23 residencias por falta de recursos y por el colapso del sistema. Sin embargo, las autoridades parecen ignorar esta crisis y descansan en el uso irresponsable del artículo 80 bis, que permite, como medida cautelar, a los tribunales asignar de manera inmediata a niños en residencias, sobrecargando los programas, sin atender a los niveles de hacinamiento obligando a generar vacantes extraordinarias, y sin tampoco considerar la especialización o preparación de esa residencia para atender a ese niño, conforme a su perfil. La realidad es tal, que una directora estuvo dispuesta a irse presa para resguardar la integridad de los niños y jóvenes de su centro, ante la determinación del juez.
Básicamente, estamos esperando que el sistema reviente, mientras los niños siguen siendo revictimizados, por un sistema incapaz de hacerse cargo y falta de gestión que permita dar solución a los problemas ¿por desidia también? Si no actuamos frente a esto, no es de extrañar que en diez años más, una nueva comisión de la verdad será anunciada por nuestros gobernantes.
Por Magdalena Vergara, IdeaPaís
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