Columna de Maisa Rojas y Carlos Montes: Ciudades en riesgo

Hace unas semanas fuimos testigos de cómo las lluvias torrenciales, en el contexto de cambio climático, fueron un ingrediente para uno de los peores desastres con víctimas humanas en la provincia de Valencia, España. Los otros componentes fueron un sistema de alerta temprana que no funcionó correctamente y un pobre desarrollo urbano.

El cambio climático genera lluvias más intensas principalmente por el aumento de la temperatura del planeta. En nuestro país las proyecciones climáticas anticipan un incremento de la ocurrencia de lluvias intensas y el aumento en la altitud de la isoterma 0°C, que trae consigo el riesgo de aluviones y remociones en masa, inundaciones y, con ello, de graves pérdidas humanas y materiales.

Sin embargo, la vulnerabilidad de las ciudades ante las inundaciones no solo se relaciona con la intensificación en la frecuencia y magnitud de las lluvias extremas, sino también con las condiciones propias de las ciudades. En efecto, el problema se ve agravado por la impermeabilización de los suelos por el pavimento, la construcción y los sistemas de drenaje que resultan insuficientes, así como las escasas áreas verdes que permiten la absorción del agua. Las inundaciones y aluviones destruyen infraestructura crítica y viviendas, interrumpen actividades económicas claves, como el comercio y el transporte, afectan la calidad de vida de las comunidades, repercuten en la calidad de agua potable y alteran los ecosistemas acuáticos.

La planificación y el control del crecimiento urbano y de los asentamientos irregulares son condiciones necesarias para evitar catástrofes, cuyos impactos socioeconómicos y ecosistémicos generalmente afectan a los más vulnerables. Los sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta ante las amenazas climáticas también son esenciales para evitar pérdidas y daños, así como lo son también la coordinación entre instituciones públicas y entre los diversos actores sociales y de las comunidades

La implementación de iniciativas, soluciones e infraestructuras que consideren la adaptación al cambio climático, tales como sistemas urbanos de drenaje sostenible, soluciones basadas en la naturaleza destinadas a la absorción de lluvias y contención en laderas, y una planificación urbana que integre el cambio climático, son medidas necesarias para construir ciudades más resilientes al riesgo de lluvias intensas.

¿Qué lecciones podemos sacar de lo ocurrido en España? En primer lugar, que, si bien es fundamental seguir tratando de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -lo que llamamos mitigación-, debemos tomar medidas que nos permitan adaptarnos a los efectos del cambio climático para moderar o evitar sus impactos.

Chile está en plena fase de implementación de su Ley Marco de Cambio Climático -publicada en junio de 2022-, diseñando planes de adaptación al cambio climático y, para volver al ejemplo de las lluvias en Valencia, como país estamos dando pasos decididos para estar mejor preparados ante eventos meteorológicos extremos.

Por eso, es una muy buena noticia que el viernes 6 de este mes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobara el Plan de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades. Este Plan incluye medidas de gestión de reducción de riesgo de desastres y avanza en fórmulas que buscan fortalecer el enfoque de adaptación en la gestión del riesgo de desastre con acciones concretas.

Además, busca incorporar la evaluación de estos riesgos y de la adaptación en la planificación urbana, a través de sus distintos instrumentos. Considera elaborar e implementar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, así como el fortalecimiento de infraestructura urbana ante eventos hidroclimáticos extremos. También desarrolla e implementa un plan de capacitación para funcionarios públicos, comunidades y sector privado en áreas estratégicas de la adaptación al cambio climático y resiliencia, con énfasis en Gestión de Riesgo de Desastres y Gobiernos locales.

A su vez, el plan sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades para no superar el presupuesto de carbono asignado a esta cartera mediante medidas y acciones de mitigación. Estas se dividen en dos lineamientos estratégicos: movilidad urbana sostenible y eficiencia energética en vivienda y edificación, y contempla medidas como la implementación de una nueva reglamentación térmica para 120.000 viviendas al año, recintos de salud, educación y hotelería, y el fomento al reacondicionamiento térmico de viviendas con un subsidio. Estas medidas, además, aportan a mejorar la calidad del aire y a reducir el consumo de leña.

La coordinación entre instituciones es clave para poder enfrentar estos eventos meteorológicos extremos. Esta capacidad de coordinación debe estar presente al momento de planificar la respuesta, como también durante la respuesta misma. También la capacidad de los ciudadanos y el tejido social deben ser creados. Los esfuerzos desde el sector público, pero también desde el sector privado y la ciudadanía, deben apuntar a prepararnos de mejor manera para enfrentar eventos más intensos.

Por Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente y Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo