En el último tiempo han sucedido dos cosas importantes en materia de infancia. En primer lugar entró en vigor el nuevo servicio de Protección “Mejor Niñez”, la que era una demanda esperada en cuanto a contar con una institucionalidad que se ocupara únicamente de la prevención y protección de la Infancia. Lo segundo, es el anuncio de un significativo aumento presupuestario por parte del Gobierno del Presidente Boric. La partida “Protección de infancia y adolescencia” contiene un incremento de $117 mil millones destinados a programas de este nuevo servicio de protección, así como algunos componentes relativos a la Ley de Garantías y Protección Integral.
Sin duda es una buena noticia el considerable incremento de recursos que este gobierno ha hecho en materia de niñez. Cabe preguntarse, sin embargo, si será suficiente para superar las graves vulneraciones de las que son víctimas los niños y niñas del país, sobre todo después de tantos años de inacción y abandono por parte del Estado. La respuesta a ello evidentemente es que aún falta mucho, no sólo en términos de recursos, sino de institucionalidad y protocolos.
En lo más urgente está la necesidad de cumplir con las más de 40mil prestaciones ambulatorias que el Servicio de Protección no ha podido entregar. Esto significa que cerca de 25 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran en grave riesgo físico y emocional. Se trata de atenciones altamente complejas y especializadas, como por ejemplo, aquellas de los programas de reparación ante la Explotación Sexual Infantil. Hoy esa cobertura se estima en, apenas una de cada cuatro niñas víctimas.
Gracias al aumento presupuestario, podemos observar que tres programas relevantes para dar respuesta a esta crisis recibirán mayores recursos. Por un lado, la línea de diagnóstico clínico y seguimiento de casos crece en un 45,5%. De la misma forma, se incrementa en 20,3% el apoyo a la oferta ambulatoria, en más de un 35% a revinculación familiar y un 5% en cuidados alternativos.
Algunas cosas quedan por resolver, sin embargo, como la disminución de un 7,6% del presupuesto en las oficinas locales que operativizan la Ley de Garantías de la Niñez, o las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) de la Infancia que reducen en un 4,1% sus recursos.
Otra situación que llama la atención es que no se proponga un aumento al presupuesto de la Salud Mental Infantil. Si bien puede estar integrado dentro de las prestaciones ambulatorias, resulta un ítem tan sensible y fundamental, que debiera tener una línea de apoyo específica.
Sin duda que priorizar la atención que miles de niños, niñas y adolescentes llevan años esperando es una buena noticia y es un gran primer paso. Queda aún pendiente, sin embargo, enfocar más y mejores esfuerzos en resolver otras necesidades igual de urgentes, como el reingreso educativo, la salud mental, la prevención de la institucionalización a través de apoyo a familias y comunidades, para evitar situaciones tan dramáticas como el consumo de drogas o el involucramiento infantil en delitos. Del mismo modo, urge poner acento en la calidad de las prestaciones y de quienes trabajan en el sistema de protección de la infancia, mejorando las condiciones laborales, los recursos y los métodos de fiscalización.
Debemos asegurar que los recursos del Estado vayan a prevenir, proteger y reparar a niños, niñas y adolescentes vulnerados, y jamás a revictimizarlos.
Maite Orsini Pascal, diputada por el Distrito 9.
